EE. UU. suspende el trámite de residencia permanente para algunos refugiados y asilados

El Gobierno de Donald Trump ha decidido pausar el proceso de residencia permanente, conocido como green card (tarjeta verde), para varios migrantes que la solicitaron en los últimos años. La medida afecta principalmente a refugiados y asilados, según informó la cadena CBS. La Administración de Trump argumenta que fraudes se han cometido en las solicitudes de residencia, lo que ha llevado a esta suspensión temporal de un proceso que puede tardar años.

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El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha informado a sus empleados que deben pausar todos los trámites que hayan sido iniciados por inmigrantes que llegaron a EE. UU. como refugiados o gracias al asilo. Según el Departamento de Seguridad Nacional, algunas solicitudes pendientes serán sometidas a una revisión exhaustiva para identificar fraudes y amenazas a la seguridad pública o nacional.

El USCIS considera que este freno en los trámites es un ajuste de estatus, y afirman que estos procesos fueron más laxos durante la presidencia de Joe Biden. Sin embargo, los datos oficiales no respaldan estas afirmaciones, ya que durante el primer año de Biden, EE. UU. otorgó la nacionalidad a 875 000 nuevos ciudadanos, un 9% menos que en el año fiscal 2022, el cual marcó un récord con 969 000 nuevos naturalizados.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha instruido a todo el Ejecutivo a incrementar la vigilancia en los trámites migratorios, desde la expedición de visados temporales hasta la green card. En un documento emitido el 20 de enero, primer día de su segunda presidencia, Trump afirmó que EE. UU. debe asegurarse de que todos los inmigrantes admitidos en el país no tengan actitudes hostiles contra los ciudadanos o las instituciones estadounidenses.

Esta suspensión de los trámites de green card se suma a otras políticas restrictivas implementadas por el Gobierno estadounidense, como la cancelación del estatus legal y las visas de trabajo para cientos de miles de inmigrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, lo que ha dejado a unas 530 000 personas sin protección contra la deportación. Esta medida también afecta a los familiares inmediatos de los beneficiarios, quienes podrían ser deportados si no se autoexpulsan en las próximas semanas.

Además, el Gobierno ha cancelado contratos con diversas organizaciones no gubernamentales que trabajaban en el procesamiento de casos de menores no acompañados, dificultando aún más la situación para los niños migrantes que han llegado al país en los últimos años. Las autoridades federales han justificado estas acciones como una respuesta a supuestos fraudes y abusos en estos casos.

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