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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propone la pena de muerte para violadores de menores, pero su implementación a corto plazo es improbable debido a los compromisos internacionales que mantiene el país.
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Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. ( )
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, propuso este martes se apruebe la pena de muerte para violadores de menores, tras el asesinato de una niña de 12 años en un barrio marginal de Lima.
La menor fue reportada como desaparecida y días después su cadáver fue hallado oculto debajo de la cama de un presunto agresor, identificado como Gerson J., de 26 años. El hombre fue detenido por la policía y un juez de Lima ordenó prisión preventiva.
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Con visible indignación, Boluarte expresó su rechazo ante el asesinato y afirmó que es el momento de discutir medidas drásticas frente a crímenes de tal magnitud.
“Es momento, que ante hechos de esta magnitud, que deberían ser inconcebibles para una sociedad, planteemos medidas drásticas. Es momento de abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores. No podemos permitir que en las calles caminen libres tipos como estos”, dijo la jefa de Estado.
La pena de muerte fue abolida en Perú en 1979, y solo se aplicaba a delitos como traición a la patria y homicidio agravado. Para ser aprobada, la propuesta requeriría una reforma constitucional y, además, entraría en conflicto con los compromisos internacionales de Perú, como el Pacto de San José y las normativas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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Las reacciones no se hicieron esperar, el presidente del Poder Judicial de Perú, Javier Arévalo, afirmó, que la pena de muerte “es una medida salvaje” y rechazó la posibilidad de que sea objeto de debate en su país.
"Soy contundente, creo que la pena de muerte no puede ser ni siquiera objeto de debate; es más, es una medida salvaje y ha sido superada en sociedades democráticas y no podemos volver atrás", enfatizó Arévalo en declaraciones publicadas en la red social X.
La actual legislación peruana contempla penas severas para los violadores de menores, incluyendo la cadena perpetua. Según el Instituto Nacional Penitenciario, en la actualidad hay 8.491 personas cumpliendo condena por este tipo de delito en el país.
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