Congreso rechaza otras cinco peticiones de juicio contra Dilma Rousseff

El presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, rechazó el martes 13 de octubre otras cinco peticiones para que el Congreso instaure un juicio político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, informaron fuentes legislativas.

 

Cunha alegó que las solicitudes no cumplen las exigencias técnicas necesarias para que pueda abrirse un proceso político contra la mandataria, informó la Presidencia de la Cámara baja.

 

El presidente de la Cámara ya había archivado otras seis peticiones de juicio contra la jefe de Estado por los mismos motivos y aún tiene que analizar otras tres solicitudes, entre las cuales una presentada por un grupo de conocidos juristas, incluyendo Helio Bicudo, uno de los fundadores del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación de Rousseff.

 

La mandataria enfrenta una delicada crisis política y una ofensiva de la oposición, que ha presentado varias peticiones para que el Congreso instaure un juicio con miras a su destitución.

 

La decisión sobre un proceso de esa naturaleza le corresponde constitucionalmente al presidente de la Cámara de Diputados, quien hasta ahora ha recibido 14 solicitudes en ese sentido y ha rechazado 11 porque, alegó, carecían de "fundamentos jurídicos".

 

La Constitución brasileña prevé la posibilidad de destituir a un jefe de Estado, pero para iniciar el juicio exige razones jurídicas que, en la opinión del Gobierno, no existen en el caso de Rousseff.

 

Pese a las numerosas peticiones ya archivadas por Cunha, la oposición confía en que el presidente de la Cámara acepte la solicitada por Bicudo debido a que cuenta con basta argumentación jurídica y se refiere a las maniobras contables ilegales que el Gobierno supuestamente realizó para maquillar sus resultados fiscales de 2014.

 

Esa solicitud, según la Presidencia de la Cámara, continúa sobre la mesa de Cunha y tal vez sea analizada la próxima semana, ya que el presidente aceptó esperar a que la oposición le incluya un anexo con supuestas irregularidades fiscales ocurridas en 2015.

 

El Supremo Tribunal Federal analiza una demanda de abogados vinculados al PT que insisten en que una "falta administrativa" referida al ejercicio fiscal de 2014, en el mandato anterior de Rousseff, no puede esgrimirse para juzgar al actual Gobierno, que asumió el pasado 1 de enero.

 

Es precisamente por ese motivo que la oposición quiere anexar en la solicitud de juicio político contra Rousseff un informe de un fiscal de un órgano de contraloría que sostiene que las maniobras fiscales de 2014 se repitieron en los primeros meses de este año, con lo cual serían referidas al nuevo mandato de la presidenta.

 

La máxima corte se pronunció contra la posibilidad de que el pleno de la Cámara de Diputados pueda colocar en votación una petición de juicio contra la jefe de Estado ya rechazada por el presidente de la Cámara baja.

 

Según una medida cautelar dictada por el magistrado Teori Zavascki, uno de los once miembros del Tribunal Supremo, la decisión sobre un juicio de esa naturaleza le cabe únicamente al presidente de la Cámara baja, pues así lo define una ley de 1950, que es la que aún establece las normas y procedimientos para iniciar un juicio con miras a la destitución de un jefe de Estado.

 

Paralelamente un grupo de diputados presentó el martes una moción ante el Consejo de Ética del Congreso con el objetivo de despojar de su escaño a Cunha por las sospechas de corrupción que pesan sobre él.

 

La petición fue firmada por 49 diputados, 34 de ellos del PT, y acusa a Cunha de violar el decoro parlamentario por las sospechas de que se benefició de la red de corrupción destapada en el seno de la petrolera estatal Petrobras.

 

La oposición teme que la investigación contra Cunha pueda arañar la "legitimidad" del juicio político contra Rousseff y por eso le ha pedido que se licencie del cargo mientras es investigado.