Estos son los mecanismos que usan las bandas criminales para procesar y comercializar el oro de zonas mineras ilegales en Ecuador

Varios días después de que la Fiscalía del Estado allanara las oficinas del Ministerio de Energía y Minas en Quito y de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) son pocos los datos que se han revelado.

La tarde del martes 3 de septiembre, las autoridades incautaron documentos, computadoras y dispositivos de almacenamiento. Esto como parte de una investigación por irregularidades en el otorgamiento de catastros mineros en Ecuador.

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En su cuenta de X, la Fiscalía indicó que los documentos recopilados darían cuenta de un “presunto crecimiento en las plantas de beneficio, las cuales se encontrarían procesando material aurífero, sin verificar la trazabilidad”.

Al día siguiente del operativo, el miércoles 4 de septiembre de 2024, el director de Inteligencia de la Policía, Víctor Herrera, entregó algunos datos.

Informó que la investigación se desprende de la detección de varias inconsistencias relacionadas a la entrega de 652 catastros mineros, otorgados entre 2018 y 2024. También 211 plantas de beneficio de esta actividad. Es decir, los sitios donde se procesa el material aurífero.

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El documento al que se refiere Herrera, es la resolución 001 de la Arcom , firmada el 24 de enero del 2018 y subido al Registro Oficial 180 el 14 de febrero de ese año, en el que se resolvió “aprobar el cierre temporal del catastro minero”. ” nacional que administra la Agencia de Regulación y Control Minero , para el otorgamiento de concesiones mineras en los regímenes de minería artesanal, pequeña minería, mediana minería y minería a gran escala”.

El exviceministro de Minas, Fernando Benalcázar, quien tuvo dos períodos de gestión: septiembre 2018 a enero 2020 y marzo 2020 a octubre de ese mismo año, señaló que las coordinaciones zonales del Ministerio eran las encargadas de los procesos y otorgamientos de las concesiones (en el caso de minería mediana ya gran escala) o permisos para minería artesanal, por lo que para él, se deben allanar también esas dependencias. Puntualizó que el término correcto sería ese, concesiones o derechos mineros y no 'catastros'.

Recordó que la resolución de la que habla la Policía, la transmitida una directora, que jerárquicamente tiene un rango inferior a de un subsecretario y por ende, no tenía la competencia para hacerlo. Con el cierre del catastro minero, las personas naturales o jurídicas ya no podían delimitar en el mapa de la página web del Ministerio de Energía y Minas, el espacio de interés para iniciar el proceso (ver foto).

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Benalcázar explicó que el catastro se abrió en 2016 y durante ese año y el 2017, las personas interesadas solicitaron concesiones. Trámites que siguieron en curso en los años posteriores pero que no se grafican porque el catastro está cerrado.

En un informe realizado por la Cartera de Estado en 2019 y que concluyó en enero de 2020, se establecieron que existían 5 530 registros de concesiones a carga del Ministerio de Energía y Minas, de los cuales 221 no tenían expedientes de respaldo. En dicho documento también, se detalla de 1 535 concesiones de áridos y pétreos a cargo de Gobiernos Autónomos Descentralizados, de los cuales también 542 no registran coordenadas de ubicación.

Las bandas criminales y la monetización de la minería

Tras los allanamientos, el Ministerio del Interior publicó en Facebook un vídeo de un minuto con declaraciones de la ministra Mónica Palencia. La funcionaria estaba acompañada del general Herrera y del titular del Ministerio de Energía y Minas, Antonio Goncalves.

Los tres reafirmaron su apoyo para erradicar la corrupción en el país y señalaron que la minería ilegal es una de las principales fuentes de financiamiento de los grupos criminales que operan en Ecuador.

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Si bien el Director de Inteligencia de la Policía comentó que las organizaciones del crimen organizadas se financian en gran medida con la minería ilegal, no detalló cómo se monetiza el material aurífero extraído en las zonas de minería. No obstante, el coronel Patricio Ordóñez, comandante de brigada 1 El Oro, explicó para Ecuavisa.com que bandas como Los Lobos y Saobox extorsionan a dueños de empresas mineras en sectores como Ponce Enríquez, provincia de Azuay, para hacerlos “trabajar con ellos en una forma de compartir ganancias”.

Fuentes de inteligencia militar revelaron también que las mafias se apoderan de esas minas, legales e ilegales, mediante el cobro de vacunas de un porcentaje de lo que generan. Y en el caso de empresas con sus documentos en reglas, hacen hojas de ruta o guías de remisión mediante otra compañía y así legalizan el mineral para el traslado o comercialización.​​​​​​

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Por su parte, Renato Rivera , director del Observatorio del Crimen Organizado en Ecuador , detalló que estos grupos aprovechan la presencia de plantas en ese cantón azuayo para procesar el oro y venderlo. Por eso, ese punto es atractivo y en disputa.

Otra forma de monetizar los minerales es enviarlos en bruto (bloques de tierra o rocas) por la frontera norte a Colombia o hacia Perú por la parte sur. También apuntó a que las mafias, para controlar la minería ilegal, venden a una tercera persona que se encarga de industrializar y transformar los lingotes de oro.

El experto mencionó que en este tercer actor en la cadena de minería ilegal, se ha observado corrupción a nivel de empresas, personas jurídicas y funcionarios que se benefician de la actividad. Justamente el director de Inteligencia de la Policía, Víctor Herrera, aseguró que pronto darán resultados con los responsables de las irregularidades, ya que los allanamientos ejecutados fueron para recabar evidencias.