Líderes medioambientales en riesgo en Ecuador: El narcotráfico como nueva amenaza

El asesinato de Eduardo Mendúa, dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ocurrido el pasado 26 de febrero de 2023, en la provincia de Sucumbíos, volvió a poner sobre la mesa el riesgo de defender la naturaleza en Ecuador.

Mendúa era descrito como luchador social y el rostro de la resistencia contra la explosión petrolera y minera. De hecho, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie) aseguró que su muerte estaba relacionado al conflicto petrolero en la zona.

Aunque en otros países como Colombia y Brasil la violencia contra defensores de la naturaleza es permanente, según voceros ambientales nacionales, por años, las comunidades indígenas en Ecuador han vivido las consecuencias de la defensa del territorio y que ahora se suman otros riesgos como el crimen organizado. Veamos.

Pero ¿la muerte de Mendúa se trata de un caso aislado? Al menos, 449 personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza han sido amenazados y hostigados en estos últimos 10 años en el país. Así, lo reveló un informe publicado en 2021 por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Otros datos de la organización ambiental Global Witness revelan que entre 2012 y 2021 fueron asesinados 1.733 defensores del medio ambiente a nivel mundial, de esos, cuatro líderes eran ecuatorianos.

Andrés Tapia, dirigente de la Confeniae, reconoce que la realidad ecuatoriana no es como la de Colombia, pero "tampoco es la excepción, a la muerte de Eduardo se suma la muerte de tres hermanos shuar en resistencia frente a las empresas mineras (...) La amenaza es constante cada vez se agudiza más", lamenta.

Entre los casos también se recuerda el de María Taant, una mujer shuar y defensora de la selva ecuatoriana que murió el pasado 26 de marzo de 2021, en la provincia de Morona Santiago, tras ser atropellada en circunstancias poco claras mientras regresaba de su casa. Pese a la denuncia la investigación de su muerte no ha avanzado.

El hecho ocurrió luego de que recibiera un reconocimiento por parte de la Defensoría del Pueblo por su lucha en contra de la minería y los derechos de las mujeres indígenas.

Patricia Gualinga lideresa de Sarayaku también vivió amenazas en su contra. En la madrugada del 5 de enero de 2018 fue atacada a su domicilio, luego de que Gualinga se pronunciara sobre el cese de concesiones petroleras y mineras en territorios indígenas.

Belén Paéz, presidenta de la Fundación de Pachamama y miembro del directorio Protectors International de Bruselas, cree que aunque los casos son aislados, "no deja de ser algo que ha pasado en la última década en Ecuador, este escalamiento de violencia a los pueblos indígenas tiene que ser visto como un tema de política pública de emergencia", dice.

Paéz menciona que en el país ya existen instrumentos como el Acuerdo de Escazú que entró en vigencia, el pasado 22 de abril de 2021 y que, Ecuador ha ratificado, este exige a los estados precauterlar la seguridad de los defensores medioambientales.

Además, Paéz señala que los custodios del territorio se enfrentan a otros riesgos como el crimen organizado que también está ligado a la tala ilegal, el tráfico de madera, mafias, "es otro fenómeno social y que se une a las amenazas", agrega Tapia.

Un peligro que también advertía el representante regional de la FAO, Julio Berdegué, en una entrevista con diario El País en 2021, él señalaba que el crimen organizado busca estos territorios para cometer negocios ilícitos en torno a las drogas, lo que está causando devastación de los bosques por el uso de productos contaminantes, aseguró.

Pero, lo más grave alertaba es que ya cobraba vidas, "está matando a muchos líderes sociales de las comunidades indígenas y tribales para evitar que se opongan a ellos", dijo al medio español.

Dos años después de esa advertencia, este jueves 9 de marzo, en un informe realizado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), de la ONU, reafirmó que ya es una realidad en Brasil y Perú, donde las actividades de los narcotraficantes en la Amazonía parecen estar cada vez más conectadas a la deforestación y el aumento de asesinatos de indígenas y activistas medioambientales.

El incremento de asesinatos en zonas rurales de la Amazonía, establece el informe, coincide con un aumento de la influencia y la diversificación de los delitos cometidos por los grupos del narcotráfico.

En este punto el documento también señaló a Ecuador como el país cada vez más usado por los narcotraficantes para almacenar la cocaína que se produce en Colombia y Perú, antes de enviarla a sus destinos finales, principalmente Estados Unidos y Europa.

Bajo ese contexto, JIFE destacó que en el país ya se registra un aumento de la "violencia que sufre la población local".

Tras el asesinato de Mendúa, el Grupo Impulsor Escazú Ecuador publicó un comunicado manifestando que su muerte atenta directamente contra la aplicación del acuerdo "es un reflejo de la grave situación de vulnerabilidad en la que encuentran los defensores del ambiente".

Además, señaló que el Estado está obligado a garantizar la investigación de este crimen, y "tomar acciones para evitar la repetición de estos actos".