El riesgo de defender la naturaleza en Ecuador

María Taant, era una mujer shuar y defensora de la selva ecuatoriana. El pasado 26 de marzo en la provincia de Morona Santiago fue atropellada mientras regresaba de su casa; luego de que recibiera un reconocimiento por parte de la Defensoría del Pueblo, por su lucha en contra de la minería y los derechos de las mujeres indígenas.

"Soy una mujer luchadora de mi selva, mi territorio, mi ambiente y mi cultura ", esas son las palabras de María que quedaron grabadas en un video. Han pasado cinco meses y pocas son las respuestas sobre lo ocurrido, tampoco se sabe quién es el responsable de su muerte.

Patricia Gualinga, una de las voces activistas más visibles de la defensa de los derechos de la mujer, de la naturaleza y de los pueblos indígenas, dijo en una entrevista con Ecuavisa.com que "el caso de María no ha avanzado absolutamente nada, estamos exigiendo justicia (...) si no hay una investigación, sin resultados de lo que pasó, puede ser una advertencia hacia a las mujeres en años pasados hemos recibido amenazas de muerte".

De hecho, Gualinga lo vivió, fue atacada y amenazada en su domicilio, en la madrugada del 5 de enero de 2018. "Por más que hicimos presión para una investigación exhaustiva, no se dio con los responsables". Aquel ataque ocurrió luego de que Gualinga se pronunciara sobre el cese de concesiones petroleras y mineras en territorios indígenas.

No es un caso aislado. Al menos, 449 personas defensoras de derechos humanos y la naturaleza han sido amenazados y hostigados en estos últimos 10 años en Ecuador. Así, lo reveló un informe publicado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos.

Para Gualinga no existe un entorno seguro para que las personas defensoras lleven a cabo su labor, "nunca hay responsables cuando se trata de defensores, no hay voluntad", añade.

Por su parte, Belén Paéz, directora de la Fundación Pachamama, en una entrevista con este medio, además destaca el uso indebido del derecho penal y estigmatización, "en los últimos cinco años 119 defensores han sido penalizados y vulnerados en sus derechos, en sus libertades frente a temas de minería, petróleo, cambio y uso del suelo, contaminación".

Asimismo, Paéz, resalta que las comunidades indígenas por años han enfrentado las consecuencias de defender los derechos de la naturaleza. De hecho, de acuerdo a Global de Front Line Defenders, en su último informe de 2021, la organización reportó, que, de los 331 homicidios de líderes sociales registrados a nivel global en 2020, el 69 % de los asesinatos ocurrieron en contextos de defensa de derechos territoriales, la naturaleza y derechos de los pueblos indígenas.

¿Avances?

El pasado 22 de abril de 2021, entró en vigor el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, también conocido como Acuerdo de Escazú.

Así el instrumento incluye disposiciones específicas para la protección y promoción de personas defensoras; obligando a los Estados a garantizar un entorno propicio para su trabajo. "El acuerdo ratificado por el Ecuador obliga a atender la situación de riesgo y vulnerabilidad que afrontan las personas defensoras en contextos donde entran en disputa los bienes comunes y los derechos de la naturaleza", señala el estudio de la Alianza.

Para Paéz el acuerdo representa "un momento histórico tener Escazú y otras herramientas públicas destinadas a la protección de los defensores y un entorno favorable a ellos".

Aunque el país no atraviesa la misma violencia que viven países como Colombia y Brasil respecto a los defensores de la naturaleza, destaca Gualinga, "Ecuador no ha llegado a ese extremo, pero si ha habido muertes que no han sido investigadas que parecen crímenes fortuitos como el caso de María, y donde había motivos para hacerlos desaparecer", concluye.