La justicia en Ecuador ¿secuestrada por el narcotráfico?

En Ecuador, ciertas decisiones jurisdiccionales continúan causado polémica. Cada vez son más recurrentes y, por ende, cuestionadas por la ciudadanía. Es que los ejemplos sobran. El pasado 17 de junio de 2022, el juez Ángel Harry Lindao Vera, ejerciendo competencia en otra provincia, en La Concordia, dispuso devolver bienes de Leandro Norero, que eran objeto de investigación en la provincia del Guayas.

Tras el revuelo de la decisión, Wilson Toainga, fiscal general del Estado, interpuso una denuncia al Consejo de la Judicatura en contra de Lindao, el juez fue suspendido por 90 días.

Lea: En Ecuador, más de 2.000 operadores de justicia son investigados por la Judicatura

Pero ¿se trata de un círculo vicioso? ¿la justicia está secuestrada por el narcotráfico? Y, hay otra arista ¿quién cuida a los jueces? Veamos.

Esta realidad que se ve plasmada en la función judicial para Germán Rodas, presidente de la Comisión Anticorrupción, responde a que existen tentáculos del narcotráfico en la justicia, pero no solo allí "esto lo dijo tiempo atrás Francisco Huerta que denunció la narcopolítica".

En ese sentido, dice que lo ocurrido en el caso Norero es otra muestra más, "un juez de una jurisdicción distinta toma una decisión, luego es suspendido, pero la norma queda en firme (...) El narcotráfico busca coaptar jueces para que los protejan".

Por ello, Rodas ve la necesidad de cambiar las normas, por ejemplo, las competencias del Consejo de la Judicatura para que pueda actuar de oficio, pues en la actualidad dependen de la denuncia de un tercero para iniciar una investigación.

Pero hay más casos. En abril la función judicial también estuvo bajo la lupa. Las sorpresas comenzaron el sábado 10, cuando Diego Moscoso Cedeño, juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Maglaralto, concedió habeas corpus a favor del exvicepresidente Jorge Glas.

Ante la cuestionada resolución, el pleno del Consejo resolvió dictar la suspensión del juez por negligencia manifiesta durante 90 días.

Una semana después de la liberación de Glas, el 20 de abril, en cambio Érika Moriel Santillán, jueza de Manglaralto dejó en libertad al holandés Vokshi N., pese a que tenía difusión roja de Interpol y debía ser extraditado bajo cargos de narcotráfico.

Por ambos casos la Dirección de Transparencia de la Judicatura abrió una investigación y los dos magistrados continúan suspendidos.

Al ser consultados sobre estos casos la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (AEMJ), en concreto, su secretario el juez Esteban Calderón, dijo que no podía opinar "porque es ingerir sobre esta independencia judicial que tanto promulgamos".

Bajo el contexto expuesto, en Ecuador, se lleva a cabo el concurso para la designación de jueces contra la corrupción y crimen organizado que se espera termine en octubre. Este grupo especializado juzgará casos de 43 tipos penales de los cuales siete tienen relación con corrupción, como: el peculado, crimen organizado, concusión y cohecho, entre otros.

Lea: Juez de La Concordia dispone a Inmobiliar devolver en un plazo de 24 horas mansión a abogado de Norero

Pero ¿tener un grupo especializado es la solución? Para el juez Calderón, secretario de AEMJ, es una respuesta oportuna ante este tipo de delitos que "es evidente a la luz pública que han ido aumentando a gran escala en el último tiempo".

Por ello, la necesidad de la creación de un órgano que tenga la competencia exclusiva de atender este tipo de delitos, dice. Sin embargo, para Rodas, primero la función judicial debería hacer limpieza casa adentro "nadie sabe cómo va ese concurso, de tal manera que, pueden caer en la corrupción porque no se transparentan los procesos; porque la función jurisdiccional también termina siendo un botín político", cuestiona.

Lea: Judicatura suspendió a juez que devolvió bienes a Norero

Por sus funciones los 14 jueces contra la corrupción y crimen organizado que sean elegidos contarán con la protección especial del Estado. Pero ¿qué sucede en la actualidad?

Lea: Fiscal asesinada en Manta habría sido perseguida durante un mes

Un caso que devela la situación de los magistrados ocurrió el pasado 25 de mayo, cuando la fiscal Luz Marina Delgado fue asesinada, en Manta, habría sido perseguida por sus victimarios por lo menos durante un mes. Luego del crimen jueces y fiscales, en Manabí, pidieron protección.

Lea: Jueces y fiscales en Manabí piden protección tras asesinato de la fiscal de Manta y su asistente

Calderón asegura que en la actualidad la protección a los magistrados es insuficiente y, en ese sentido, la independencia judicial se complica, "los juzgadores están expuestos a este tipo de amenazas que ponen en riesgo su integridad y la de su familia".

De acuerdo, a el magistrado no existe un protocolo para la protección de jueces, por ejemplo, permitir el anonimato, "hemos pedido al ministerio del Interior, la comandancia de la Policía y a todas las entidades de seguridad que se establezcan mecanismos necesarios para garantizar su seguridad", lamenta.