Jueces bajo la lupa: 60 magistrados destituidos desde 2019

El mundo al revés: operadores de justicia que su trabajo es investigar, en cambio, son investigados. Recordemos. El pasado 9 de julio, la Fiscalía ejecutó un operativo relacionado con las anomalías encontradas en el sorteo de jueces que fallaron a favor del alcalde de Quito, Jorge Yunda.

Los allanamientos se dieron en las oficinas de los jueces Carlos Soto y Belén Domínguez. Frente a ello, el Consejo de la Judicatura resolvió suspender por 90 días, sin sueldo, a ambos funcionarios.

Casos como este en las últimas semanas han puesto la lupa sobre el accionar de los jueces. Pero ¿cuántos han sido sancionados o suspendidos en los últimos años? Veamos.

Antes recordemos otro ejemplo reciente. El pasado 27 de julio, la jueza Verónica Medina fue suspendida, así lo determinó la Judicatura.

¿La razón? La jueza anuló el proceso penal por delincuencia organizada en contra del expresidente de la república Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, "la actuación de la jueza Verónica Medina violentó el principio de debida diligencia (...) por lo que este tribunal de alzada declara la manifiesta negligencia de la señora jueza".

Así Medina integra la lista de otros servidores. Según datos proporcionados por la Judicatura a Ecuavisa.com en lo que va del año, 36 funcionarios judiciales han sido destituidos de sus funciones. Mientras que, 28 jueces fueron sancionados con amonestaciones o multas.

Sin embargo, el número es mayor si se regresa a 2019, en total, 159 funcionarios han sido destituidos, 133 suspendidos y 268 han recibido amonestaciones entre jueces, fiscales, defensores públicos y otros.

Pie sobre el acelerador a las sanciones

Por su parte, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado publicado el pasado 1 de agosto, solicitó a la Corte Constitucional (CC), que atienda de "manera preferente", las peticiones de error inexcusable, manifiesta negligencia o dolo, que sean requeridas por los usuarios que han interpuesto acciones extraordinarias de protección y la correspondiente denuncia.

El objetivo: que la institución pueda ejercer su potestad disciplinaria, "y no queden en la impunidad presuntas infracciones gravísimas cometidas por operadores de justicia".

Ante el pedido, el juez Cristian Quito, vocero de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), expresa que lo solicitado por el CJ "podría incurrir en la situación del proceso en la declaración previa, toda vez, que el reglamento de la CC determine en caso de queja o denuncia el CJ se limitará a requerir dicha declaración, sin que se exprese un criterio", alega y agrega que desde el gremio lo toman con preocupación porque "creemos que podría afectar a la transparencia".

Además, describe que los pronunciamientos que surgen a raíz de los casos "mediáticos", y agrega "si nos genera cierto desconcierto ciertas publicaciones por parte administrativa, lo que no queremos es que por casos aislados tildar a todos que actuamos de la misma manera, y no es así".

Este medio solicitó una entrevista con María del Carmen Maldonado Sanchez, presidenta del CJ, pero la institución expresó que no estaba dando declaraciones.

Otras acciones

En el comunicado, además, se pide que de manera inmediata se proceda a la evaluación de desempeño y productividad de los jueces, que se realiza cada tres años. Además, la institución solicita más recursos económicos al Gobierno Nacional, para financiar procesos de evaluación.

Asimismo, el CJ detalló que en un plazo de 48 horas, el director provincial de Pichincha inicie los sumarios disciplinarios en contra de los servidores judiciales relacionados con las presuntas irregularidades en el sorteo de las causas constitucionales presentadas por Yunda.