El juicio político a Lasso se basa en un contrato de Flopec que tuvo el 'visto bueno' de Mireya Pazmiño

El juicio político contra el presidente Guillermo Lasso está en marcha, luego de que la Corte Constitucional (CC) diera el dictamen de admisibilidad parcial, con base en la causal de peculado. Las acusaciones en su contra se basan en un contrato de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec).

Entre los proponentes del juicio está la asambleísta Mireya Pazmiño, quien preside la Comisión de Régimen Económico que el año pasado analizó la situación de Flopec.

En esa mesa, con su voto y el de otros cuatro asambleístas, emitió un informe en el que se habla de los problemas de la empresa, sin embargo, entre otras cosas, resalta que "los resultados de los acuerdos comerciales otorgan beneficios importantes a EP Flopec y por ende al país" entre ellos el de Amazonas Tankers con $24,1 millones en beneficios.

Cuando se realizó el informe ya se conocía que la Contraloría recomendaba dar de baja el acuerdo con esa empresa, porque las tarifas no respondían a criterios técnicos.

Por eso, la comisión sugirió hacer la revisión, pero "siendo importante considerar que la utilidad".

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En el caso de peculado, los magistrados dicen que no encontraron incoherencias en los hechos y que guarda conexión con los elementos típicos del delito.

Aunque aclara de manera enfática que su análisis no se basa en la veracidad de las pruebas o la valoración de las mismas, por lo que no establece responsabilidad política, ni penal.

Son nueve hechos que recoge la Corte Constitucional con base en el informe de los asambleístas proponentes. Parten de un contrato de fletamento entre la empresa pública y la compañía Amazonas Tanker Pool Company, suscrito en 2018, durante la presidencia de Lenin Moreno.

En 2020, en ese mismo gobierno, se firmó un addéndum. Es decir, un texto adicional al contrato que cambió la modalidad asociativa, algo que se realizó sin informes técnicos ni financieros, pero que provocó una pérdida para el Estado de $6.1 millones por pagos de alquiler de buques, que en muchos casos fueron superiores al ingreso recibido, según observó la Contraloría.

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Ya durante la administración de Lasso, Johnny Estupiñán Echeverría, exgerente de Flopec, emitió un oficio alertando sobre observaciones a ese contrato, el 23 de febrero de 2022, dirigido al Presidente de la República, al Contralor General del Estado, al Procurador General del Estado, a la Fiscal General y a la presidenta de la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.

El 9 de marzo de 2022 fue removido de su cargo, según su versión, por intentar dar por terminado el contrato con Amazonas Tanker de manera unilateral.

13 días después, el 22 de marzo, Jhonny Estupiñán remitió al presidente Guillermo Lasso una carta denunciando irregularidades cometidas por el exgerente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), Hernán Luque, a quien Lasso, luego de difundido el caso, pidió localizar.

El 11 de mayo del año anterior, la Contraloría emitió un informe de examen especial que concluyó las pérdidas para el estado y la falta de control en la negociación de los servicios.

En julio de 2022, Flopec firmó un nuevo contrato de transporte material petrolero con la compañía en cuestión.

El informe de los asambleístas proponentes establece que todo lo realizado se hizo con el conocimiento del presidente Lasso, porque "hizo caso omiso" de las denuncias y advertencias.

La CC en el dictamen dispone que en el proceso de juicio político solo se consideren los hechos relacionados al caso de Flopec.

Los seis jueces que dieron paso al dictamen no consideraron los errores procedimentales en la Asamblea, tanto de los proponentes como del Consejo de Administración Legislativa. Dicen que no inciden en el fondo de la acusación.

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Los otros tres jueces, en sus votos salvados cuestionan que el CAL haya incumplido los requisitos del procedimiento.

Los asambleístas proponentes señalaban que el Primer Mandatario había cometido concusión y peculado.

Sobre lo primero, la Corte se pronunció concluyendo que los argumentos no logran mostrar la singularización de la infracción que se le imputa, es decir, no tuvieron una coherencia narrativa entre las pruebas y los señalamientos al Presidente.