Un violento paro nacional marcó la economía de Ecuador en 2019

Un decreto sobre los combustibles que desembocó en un violento paro nacional. El acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional y una ley económica archivada en la Asamblea marcaron el panorama económico del país en 2019.

 

Mientras que el desempleo subió, al igual que la deuda pública y el riesgo país, el 2019 comenzó con un nuevo precio de la gasolina súper, luego de que a fines de 2018 el presidente Lenín Moreno emitiera un decreto ejecutivo que liberaba el valor de ese combustible.

 

En febrero, hubo un intento por aumentar el costo del diésel, que lo utiliza en su mayoría el transporte público y pesado. Sin embargo, tras las advertencias de los dirigentes del gremio, el régimen dio marcha atrás.

 

La economía no daba muestras de recuperación, las finanzas debían acomodarse y para ello solicitaron el apoyo de una institución clave. El Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo multilateral con el que se firmó un acuerdo financiero que consiste en que entre 2019 y 2021, el FMI le preste a Ecuador 4.200 millones de dólares.

Mientras en otros acuerdos con organismos multilaterales, el país recibiría 6.000 millones de dólares, del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) .

 

Pero aunque estos valores puedan significar más ingresos a la caja fiscal, no llegarán gratis. El Gobierno tiene que cumplir metas trimestrales como condicionamientos, por ejemplo, reducir el gasto público, focalizar subsidios y reformar algunas leyes en materia económica que estabilicen las finanzas.

 

El régimen de Moreno prefirió ir por la vía del retiro a los subsidios a los combustibles mediante el polémico Decreto 883 con el que aumentó el precio de las gasolinas Extra y Ecopaís, y del Diésel, lo que desembocó en un paro nacional de once días.

 

Debido al recrudecimiento de las protestas y tras un diálogo con la dirigencia indígena, el jefe de Estado derogó el decreto de alza de combustibles. Pero por la constante necesidad de ingresos para el Estado, a los pocos días envió a la Asamblea un proyecto económico urgente.

 

Sin embargo, esta vez el rechazo en las calles parece que se trasladó al interior del legislativo, donde los asambleístas criticaron que un texto -de más de 400 artículos que planteaba reformas a 22 leyes- tenga que tramitarse en tan solo 30 días.

Tras un polémico debate, el domingo 17 de noviembre, la mayoría del pleno de la Asamblea decidió archivar la propuesta económica del Gobierno. Pero la insistencia por cumplir con el FMI y recaudar más ingresos no cesó.

 

Esa misma semana, el Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley, esta vez, más corto y relacionado solo al campo tributario.