Un representante del Ministerio del Interior asegura que se analiza una posible reforma.
Representantes de centros de tolerancia de todo el país se reunieron para, una vez más, exponer sus reparos al acuerdo ministerial que dispuso la instalación de cámaras de seguridad, la contratación de guardias de seguridad y el establecimiento de nuevos horarios de atención en prostíbulos y 'night clubs'.
Karina Bravo, representante regional para América Latina de las trabajadores sexuales, dice que la economía de 55.000 mujeres se ha visto afectada por esas regulaciones: “Muchos de nuestros locales están cerrando temprano y nuestras compañeras están teniendo que ir a hacer el trabajo sexual en lugares inseguros, en lugares donde corren mayor peligro y está afectando nuestra economía”.
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Los propietarios de los centros de tolerancia y expendio de bebidas alcohólicas indicaron que han tenido que reducir su personal a la mitad y que se han visto expuestos en algunos casos a clausuras definitivas. Por eso, el titular de la Federación, José Ochoa, pide a las autoridades que se revisen al menos tres puntos: “Los guardias, horarios y eso de las clausuras definitivas porque haya una persona en el interior de uno de nuestros locales sin una cédula”.
En esta reunión estuvo presente también un representante del Ministerio del Interior, el abogado Oswaldo Rivadeneira, quien señaló que hay aspectos que no son negociables, como las cámaras y las guardias, pero hay otros que sí: “(Planteamos) una reforma en la que luego del trascurso de unos días, después de un análisis, daremos una rueda de prensa indicando cuáles han sido los parámetros que han cambiado y beneficiarán sin duda a este grupo que está reclamando un derecho, pero que también debe estar ese derecho en el marco del orden público”.
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En las próximas semanas se estaría emitiendo un nuevo acuerdo ministerial en el que podrían revisarse los horarios de atención. La intención es no afectar estos negocios, pero tampoco la seguridad de la ciudadanía.
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