LGBTIQ+ Ecuador 2023: las adultas mayores trans viven en medio de la pobreza y el olvido

Era octubre de 1987. Mireya Vivanco despertó a la intemperie, en medio de la basura de un terreno baldío en San Juan, centro de Quito. Tenía golpes en la cabeza, cuello y costillas. Su vestido estaba rasgado, no llevaba puesta zapatos.

Se incorporó y descalza bajó caminando hacia la zona urbana para tomar un taxi y dirigirse a su departamento en La Ferroviaria, al sur. Le costaba movilizarse por los fuertes dolores.

Lo único que recordaba es que, la noche anterior, alguien le tomó del cuello, por la espalda, y trató asfixiarla hasta que se desmayó. “En ese tiempo, yo era trabajadora sexual en la Plaza Foch y teníamos muchos problemas porque nos atacaban constantemente. Estoy segura que los agresores pensaron que me mataron y me arrojaron en un sitio alejado como pasó con otras amigas que sí fallecieron”.

En agosto, Mireya cumplirá 63 años y los malestares de esa golpiza se mantienen vigentes hasta hoy con fuertes dolores en la cabeza. Asegura que, al envejecer, las mujeres trans son víctimas de mayor discriminación y tienen menos oportunidades para vivir con dignidad. “Si en la juventud fuimos segregadas, ahora es peor”.

Ella pertenece actualmente a la Nueva Cocinelle, la asociación de Gays, Travestis y Transgéneros que luchó por la despenalización de la homosexualidad en los 80 y 90 en Ecuador. Como ella, hay otras personas transgénero adultas mayores que no cuentan con oportunidades para envejecer con dignidad.

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Su presidenta es la guayaquileña Nebraska León, de 67 años, una de las activistas que fundó esa organización en 1997 y que en la actualidad cuenta con 24 socias. De ellas, 10 son adultas mayores y viven en condiciones precarias.

Ella guarda un registro de cada caso y afirma que su situación empeora conforme aumentan de edad. Por ejemplo, recuerda el caso de una compañera que tiene cáncer luego de que le colocaron aceite en vez de silicona, como implantes mamarios. Tiene 68 años y sobrevive de lo que cuida vehículos en el sur de Quito.

En otro hecho -acota la dirigente- otra transfemenina, de 70 años, vive en la calle. "Varias veces quisimos ayudarle, pero ella no quiere. Solo espera morir. Su familia no la acepta". Ella estuvo detenida por varios años y, tras salir en libertad, prefirió quedarse en la indigencia.

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León subsiste de lo que comercializa ropa usada o participa en ferias LGBTIQ+ vendiendo sánduches o bebidas gaseosas. Antes trabajaba en su gabinete de belleza, pero tuvo cerrarlo por la pandemia del covid-19. Tiene discapacidad auditiva y problemas en la nariz por una rinoplastia mal operada.

Pide al Gobierno que las ayude con el bono de desarrollo humano o vivienda mediante el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi). Lo mismo solicita Mireya, pues se quedó sin empleo desde la semana pasada. La semana anterior, le despidieron del gabinete de belleza en el que trabajaba y no tiene para pagar el arriendo.

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Cuando estalló la pandemia del coronavirus, en marzo de 2020, Nebraska tuvo cerrar su peluquería. No tenía clientes y tampoco dinero para subsistir. Asegura que la gente la discrimina por su edad, pues prefieren acudir a otros salones de belleza de gente joven.

La acogió Muñeca, de 78 años, otra activista de los colectivos LGBTIQ+ en Quito. Con ella se cuidaban de las secuelas del covid-19 y se preparaban las comidas. Ella labora como ayudante en un comedor y le pagan 20 dólares semanales. Con ello paga la renta del cuarto que alquila en el sector de Atucucho, en el noroccidente de Quito.

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Por el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+, Nueva Coccinelle y el equipo jurídico de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) presentaron un pedido de insistencia a la Fiscalía General del Estado para que avance la investigación en la denuncia realizada al Estado por lesa humanidad y represión policial, intensificadas desde 1980 hasta el 2000.

Acudieron al edificio de la Fiscalía General. El 17 de mayo de 2019, esa asociación denunció al Estado por el delito de lesa humanidad y represión policial, pero tras más de cuatro años existen pocos avances. El último impulso fiscal fue hace más de un año.

El delito de persecución y lesa humanidad sanciona el ataque general y sistemático a una población civil, específica por razones de identidad y género, se encuentran tipificados en los artículos 86 y 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Para Nebraska León, lo preocupante es que, desde mayo de 2019 hasta la presente fecha, el proceso judicial aún no ha progresado, no han recibido respuestas.

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