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Human Rights Watch insta a Ecuador a despenalizar el aborto en todas las causales
También señaló que el personal y las instituciones sanitarias no deberían imponer sus creencias al momento de atender a las mujeres que deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
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Imagen de archivo del plantón realizado por la coalición Justa Libertad, en los exteriores de la Corte Constitucional, para exigir la despenalización total del aborto. ( )
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) instó a Ecuador, este miércoles 11 de septiembre, a despenalizar el aborto en todas las circunstancias. Lo hizo mediante en un escrito presentado ante la Corte Constitucional nacional.
Human Rights Watch se sumó así a la demanda de despenalización total del aborto que interpuso la coalición de ocho organizaciones feministas Justa Libertad ante el mismo tribunal, el pasado marzo.
La demanda solicita que se declare inconstitucional el artículo 149 del Código Penal de Ecuador, que penaliza el aborto consentido.
En la actualidad, el aborto es sancionado en el país con hasta tres años de prisión, excepto cuando el embarazo representa un riesgo para la vida o la salud de la mujer embarazada, o cuando es consecuencia de una violación.
Esta última causal se aprobó tras una sentencia de la Corte en 2021, que ordenó a la Asamblea Nacional elaborar una regulación. Su resultado no convenció a las organizaciones demandantes, pues el entonces presidente Guillermo Lasso introdujo cambios, que, a su criterio, limitaron el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.
Embarazos no deseados y maternidad forzada
Este 11 de septiembre, HRW expresó que la iniciativa de Justa Libertad es “crucial” para garantizar que mujeres y otras personas embarazadas puedan acceder a una atención plena, segura y gratuita del aborto.
En esta línea, la organización internacional defensora de los derechos humanos alertó que Ecuador también debe trabajar en la eliminación de las barreras que obstaculizan el acceso a este servicio en las causales ya aprobadas. Y apuntó que el personal y las instituciones sanitarias no deberían imponer sus creencias al momento de atender a las mujeres que deseen interrumpir de forma voluntaria su embarazo.
Asimismo, recordó las graves consecuencias de la criminalización del aborto en el país, de acuerdo con una investigación que realizó en 2021. Entre ellas, destacó el aumento de la mortalidad y morbilidad maternas; el aislamiento de mujeres y niñas de servicios esenciales, como la atención sanitaria o la educación; y la violación de sus derechos a la confidencialidad médica y al debido proceso.
Es por ello que llamó a acabar con esta criminalización que, según la organización, refuerza el estereotipo de género de que los roles de las mujeres y niñas se limitan a la maternidad.
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Por último, HRW denunció el impacto negativo que los embarazos no deseados y la maternidad forzada tienen en la salud física y mental de las niñas, y que afecta de forma desproporcionada a aquellas en situación de vulnerabilidad.
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