LGBTIQ+: de la despenalización de la homosexualidad al matrimonio igualitario en Ecuador

Veintiséis años han pasado desde que Ecuador despenalizó la homosexualidad. Hasta 1997 un ciudadano podía haber sido castigado con cuatro hasta ocho años de cárcel por haber incurrido en algún caso de 'homosexualismo', que no constituya violación. Este delito se castigaba más severamente.

La tipificación del homosexualismo en la normativa ecuatoriana justificó en su momento todo un contexto de agresiones físicas y psicológicas, e incluso la muerte de quienes según determinados sectores intolerantes de la sociedad consideraban a la población LGBTIQ+ pervertida, responsable de la transmisión de enfermedades sexuales y una amenaza para la familia, la niñez y la adolescencia.

En la década de los 90 la Organización Mundial de la Salud (OMS) eliminó la homosexualidad de su clasificación de patologías, estableciendo a la orientación sexual y a la identidad de género como formas legítimas para vivir la sexualidad humana y ejercer derechos y libertades.

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El camino para dignificar la vida de las personas LGBTIQ+ (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, queer), así como el proceso para reivindicar sus derechos durante estos 26 años, ha tenido (y mantiene) obstáculos estructurales, políticos, jurídicos y socioculturales.

A pesar de esas dificultades, la despenalización del homosexualismo fue el punto de partida para otros logros de la población LGBTIQ+, entre esos, lograr ser visibilizada por la sociedad y consolidarse como sujetos de derechos y actores políticos. Sobre esto último, la lucha de la población LGBTIQ+ permitió que en 2019 el Estado ecuatoriano reconozca el matrimonio entre personas del mismo sexo.

En 2015, Ecuador ya había dado un primer paso al validar la unión de hecho de parejas LGBTIQ+ mediante una reforma al Código Civil.

Pese a los logros en materia legal alcanzados por la población LGBTIQ+, las personas de la diversidad sexogenérica siguen siendo víctimas de discriminación y segregación, por ejemplo, para acceder a un empleo, al sistema de salud o educación.

De acuerdo a Diana Maldonado, activista de DD.HH. y LGBTIQ+, el Estado está llamado a garantizar los derechos de toda la población y, en ese sentido, hace falta "voluntad política y presupuesto" para generalizar el acceso a servicios.

Enfatiza que "no es que porque sea gay merezca un premio", no obstante, indica que para intentar alcanzar una equidad en la sociedad, el Estado debe actuar más contundentemente a favor de la población LGBTIQ+, que "ha sido históricamente segregada".