Violencia en Ecuador: ¿a qué se deben los ataques y la crisis carcelaria?

Ecuador vive uno de los momentos más complejos alrededor de la violencia. Esta semana se han registrado varios atentados en tres provincias, a la par de la crisis carcelaria que no cesa, principalmente en la Penitenciaría del Litoral. El Gobierno considera esos ataques como una represalia del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico.

El presidente Guillermo Lasso, decretó la noche del martes, 1 de noviembre, el estado de excepción en Guayas y Esmeraldas y este viernes 5 de noviembre extendió la medida excepcional a Santo Domingo de los Tsáchilas, donde también se registraron atentados y disturbios.

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Lasso dijo que la situación es una respuesta terrorista del crimen organizado a su lucha contra el narcotráfico, sobre todo por las más de 180 toneladas de droga incautadas en lo que va del año.

El mandatario, además, ligó esa represalia de los grupos violentos a la acción supuestamente "oportunista" de ciertos políticos de la oposición que critican su gestión, aunque no presentó mayores pruebas de su sospecha.

Varios analistas consideran que la violencia en las calles tiene relación con la crisis penitenciaria que estalló en 2020 y que cobra la vida de más de 400 prisioneros en frecuentes enfrentamientos entre bandas de reclusos que se disputan el control de las cárceles.

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Según ellos, la crisis carcelaria saltó a las calles pues los bombazos y tiroteos registrados a principios de esta semana coincidieron con la operación de traslado a otras prisiones de más de 1.400 presos de la Penitenciaría de Guayaquil.

Justamente, en el Pabellón 2 de dicha cárcel, donde habría hecho cuartel la banda de los "Chone killers", se suscitaron los enfrentamientos entre reos y la fuerza pública el jueves, con explosiones y tiroteos, como si fuese una guerra.

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Para la experta en temas penitenciarios y de seguridad pública, Carolina Andrade, la situación de violencia "no ha cambiado" en los dieciocho meses que lleva Lasso en el poder.

Según Andrade, la espiral de violencia también se explica por una aparente "inacción" del Gobierno para cumplir con las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.

Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha formulado exhortos para evitar nuevas masacres en las cárceles, como la asignación de mayores presupuestos, acciones para reducir el hacinamiento y construir un nuevo sistema de rehabilitación social.

No obstante, Andrade dijo ver con preocupación que las bandas criminales también han ganado terreno en la calle, sobre todo porque puede seducir a un sector de la población que carece de oportunidades.

De acuerdo con la experta, la población local parece que ha normalizado la violencia y "sobrevive en esa economía ilícita" creada por las bandas de delincuentes.

Considera que el Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la gente supere la crisis que se agudizó con la pandemia de la covid-19.