Regreso a Ecuador: cómo ha cambiado mi país bajo el asedio de las bandas

Una de las primeras noticias que nos asombró fue el secuestro y posterior asesinato de tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio en marzo de 2018, en manos de un frente disidente de las FARC, la guerrilla cuya desmovilización contribuyó a un reseteo del mapa del narcotráfico en la región.

De a poco se fueron sumando otros sucesos, como el primer motín carcelario coordinado en varias cárceles ecuatorianas, ocurrido en febrero de 2021, que dejó más de 75 muertos, y que se atribuyó al enfrentamiento entre bandas locales tras el asesinato en diciembre de 2020 de Jorge Luis Zambrano, líder del grupo Los Choneros.

La violencia fue creciendo, hasta que llegamos a 2023, año en que se registraron alrededor de 8.000 muertes violentas a nivel nacional, la mayor tasa de homicidios en América Latina, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés).

Ahora, regreso para ver en el terreno cómo ha cambiado mi país y cómo funcionan las bandas que el pasado enero fueron calificadas como terroristas por el presidente Daniel Noboa, y que marcan la vida de millones de ecuatorianos.

En un raro acceso, me entrevisto en el centro de Guayaquil con un miembro de estos grupos criminales.

"Todos quieren territorio"

Paúl* forma parte de una de las 10 bandas más peligrosas y acepta hablar con nosotros bajo anonimato y en un auto en movimiento.

Además de ser buscado por el ejército, que ha declarado a los miembros de estas bandas como objetivos militares, él asegura que otro grupo lo tiene en una lista roja con la orden de matarlo.

“Ahorita hay demasiado peligro, por cualquier lado te puede salir la muerte”, me dice al arrancar el auto.

Me dice que comenzó a ser parte de una banda cuando tenía 15 años por influencia de amigos y vecinos. Pensaba que iba a “disfrutar de bailes, fiestas, mujeres”, pero la historia resultó ser mucho más compleja.

Al comienzo se dedicaba al microtráfico de drogas en su barrio y el negocio ilegal le dejaba unos 200 dólares a la semana.

Entonces llegó el boom de la producción y el consumo de droga que, según la ONU, ha alcanzado récords históricos en los últimos 10 años.

En Ecuador comenzaron a operar grandes carteles mexicanos como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, células disidentes de la guerrilla colombiana de las FARC y la mafia albanesa.

Todos estos grupos aprovecharon la poca experiencia de las fuerzas de seguridad ecuatorianas lidiando con el narcotráfico y empezaron a explotar tanto las extensas costas del país como su amplia red de puertos.

“Antes, por ejemplo, había un man (alguien) que era traficante y él se encargaba de hablar con los cárteles de otros países. Ahora, son los carteles de otros países los que hablan con las bandas de aquí para poder distribuir”, me explica Paúl.

Para él, este nuevo contexto significó pasar del microtráfico en el barrio que controlaba su banda a traficar kilos de cocaína, que de acuerdo a la policía de Ecuador representa el 70% de la droga que se trafica en el país.

Cuenta que los 200 dólares que ganaba semanalmente pasó a recibir a unos 5 mil dólares por envío. Esto fue acompañado por un mejor armamento a su alcance.

Este momento que describe Paúl tuvo consecuencias sangrientas para mi país.

En las cárceles, desde aquel motín de febrero de 2021, han muerto más de 400 internos, y en las calles se hizo cada vez más común el sicariato.

El asesinato por encargo que más impacto tuvo a nivel mediático fue el del excandidato a presidente Fernando Villavicencio en agosto de 2023, cuando estaba en plena campaña electoral, pero le han quitado la vida también a alcaldes, fiscales, funcionarios y a familias enteras.

¿Por qué la violencia?, le pregunto a Paúl.

“Porque todos quieren territorio. Para vender su droga, para traficar, incluso para comenzar a extorsionar, a secuestrar”.

Patrullar el puerto

Cuando trabajaba en el puerto, Paúl dice que su función era “coronar”, es decir, colocar cocaína en contenedores que salen con mercancía desde el Puerto de Guayaquil, el mayor del país. Todo esto bajo la supervisión de la mafia albanesa.

“Tuve mucho contacto con ellos. Se cuidaban bastante. Te dicen, si tú me ves en un mall (centro comercial), en cualquier lado, tú ni me mires”.

Guayaquil siempre ha sido la capital económica del país.

Desde aquí se maneja más del 75% del comercio exterior de Ecuador. Pero por aquí sale también el 90% de la droga que se trafica desde territorio ecuatoriano.

BBC Mundo tuvo acceso a un patrullaje de los guardacostas. Nuestro guía -un oficial de la Armada ecuatoriana- tiene el rostro cubierto. No nos da su nombre por razones de seguridad.

Antes de partir nos pide colocarnos el chaleco antibalas, pues el Estero Salado, que es el brazo de mar donde está ubicado el puerto, se ha convertido en los últimos años en un lugar muy peligroso.

“Antes el delincuente era un delincuente común. Ahora cualquier persona puede tener un armamento de grueso calibre”, nos dice.

El oficial mira a todos lados en busca de lanchas rápidas que puedan aparecer para colocar la droga en los contenedores, y nos explica que los métodos de las bandas son cada vez más avanzados.

“Abordan los buques por medio de la popa mediante ganchos y cuerdas… Se suben y ya tienen verificado su contenedor e ingresan las sustancias que van mayormente a Europa”.

"Metástasis" de corrupción

Los efectivos de la Armada realizan hasta cuatro patrullajes diarios.

Sin embargo, la droga sigue saliendo en cantidades récord desde Ecuador.

Le pregunto al oficial por qué es tan difícil evitar el contrabando de estupefacientes.

“Hay diferentes puntos de control y mucha gente que está dentro del sistema está ya corrompida. Entonces hay peldaños en los que se contaminan los contenedores en diferentes puntos de control”, admite.

“Corrupción” es una palabra que escucharé en varias oportunidades en este viaje a Ecuador, y no solo en el puerto.

Javier* es un guardia penitenciario que bajo condiciones de anonimato me contó cómo algunos efectivos de la policía, de los guardias penitenciarios y del ejército permiten el ingreso de armas a las cárceles, muchas veces por amenazas de los mismos internos, otras veces por lo corrupto del sistema.

En diciembre de 2023, tras un operativo a nivel nacional en siete de las 24 provincias ecuatorianas, la fiscal general Diana Salazar anunció el arresto de 29 personas, entre las que se encuentran jueces, fiscales, policías, abogados y sujetos relacionados con el crimen organizado.

“Hoy el término narcopolítica en Ecuador ha sido evidenciado”, señaló Salazar en ese momento.

El nombre del operativo revela mucho de cómo ve Ecuador la malignidad de la corrupción y su forma de esparcirse en todos los estamentos: “Metástasis”.

Este año, el 9 de enero, el país volvió a las portadas de los medios internacionales cuando, en una jornada de violencia extrema, delincuentes tomaron el canal TC Televisión en Guayaquil, hubo motines en las cárceles y decenas de guardias penitenciaros fueron tomados como rehenes por los reclusos, incluyendo a Javier, mi entrevistado.

“Estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles”, señaló el presidente Noboa, quien decretó el estado de emergencia -que duró 3 meses- y declaró al país en conflicto armado interno, medida que que sigue vigente.

“Se redujo dramáticamente el promedio semanal de muertes violentas y se logró recuperar de manera gradual el control de las cárceles”, dijo a BBC Mundo la Presidencia de Ecaudor.

Pero tan solo 11 días después de la caótica jornada del 9 de enero, César Suárez, el fiscal que investigaba -entre otras causas- la toma del canal de televisión, fue asesinado a tiros.

Justicia en peligro

En un edificio con una de las mejores vistas de Guayaquil, nos recibe la agente fiscal Michell Luna.

Tiene uno de los trabajos de más alto riesgo en estos tiempos en Ecuador: trabaja en el sistema de justicia.

Es enérgica, elegante y su tono es firme desde el inicio de la entrevista, pero cuando le pregunto por qué quiso ser fiscal, su voz se rompe.

“Soñé con esto desde los 6 años, ¿sabe? A mi papá un abogado lo estafó y entendí la injusticia desde muy pequeñita”.

“Y me prometí que yo iba a luchar contra eso cuando fuera grande”.

Luna trabajó en la misma oficina y a pocos metros de Suárez durante el último año y medio.

“Era una persona muy jovial, muy alegre, siempre impecable. Siempre tratando a todos muy gentilmente, como se dice, un caballero, una persona que amaba su trabajo”, recuerda.

“Nos dolió muchísimo el haberlo perdido y más aún la forma en la que lo perdimos, sobre todo cuando sabemos que se pudo haber evitado. Es responsabilidad de las autoridades”, dice contundente.

Suárez fue el sexto fiscal asesinado en los últimos dos años.

Luna cuenta que a raíz de estas muertes varios fiscales entre los que se cuenta estaban impulsando iniciativas para proteger su trabajo, como la de la “justicia sin rostro” para que no se conozca la identidad del fiscal a cargo de los casos. También las audiencias telemáticas para reducir la exposición o desplazamientos de los funcionarios.

Pero ninguna prosperó.

“Este gobierno ha demostrado que trabaja por terminar con la violencia, la impunidad y los privilegios y toda denuncia o todo caso de corrupción que se descubre es judicializado y se espera una respuesta coherente de parte de los operadores de justicia”, indicó Presidencia a BBC Mundo, sin embargo, los operadores de justicia no las tienen todas consigo.

“No tenemos los recursos. No es posible que haya un juez, un fiscal encargado de dos o tres despachos, que haya miles y miles, 5.000 causas, 3.000 causas para una sola persona y dos personas que le asisten”, señala Luna.

La agente fiscal asegura que no ha sido amenazada, pero siente que -por su trabajo- su vida corre peligro.

“Planeo renunciar si no se dan las garantías. No hemos estudiado ni nos hemos preparado para ser suicidas”.

Consulta

El 23 de noviembre de 2023 Noboa asumió la presidencia de Ecuador por tan solo un año y medio, el tiempo que le faltaba a su antecesor -Guillermo Lasso- para completar su mandato. El presidente más joven elegido en las urnas puede ser reelecto en 2025.

Pero antes habrá otro paso por los centros de votación, en un clima enrarecido no solo por la violencia sino por el asalto a la embajada de México en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, que le ha acarreado fuertes críticas fuera y dentro de Ecuador.

Este 21 de abril los ecuatorianos responderán 11 preguntas, muchas de las cuales abordan temas de seguridad.

“Vamos ganando, pero todavía queda mucho terreno por recuperar y por eso es que nosotros impulsamos la Consulta Popular que es una propuesta para que los militares sigan en las cárceles y en las calles", indicó la oficiona de la Presidencia a BBC Mundo.

Pero además del "apoyo complementario" de las fuerzas armadas a la policía para combatir el crimen organizado, los electores decidirán o si aceptan que algunos de sus compatriotas puedan ser extraditados por delitos tipificados en la legislación ecuatoriana.

La extradición ya fue rechazada en la anterior consulta popular promovida por el expresidente Lasso en febrero de 2023, pero la situación en Ecuador se ha agravado aún más el último año.

Mientras algunos ecuatorianos podrían ser enviados fuera del país para cumplir condenas por sus delitos, otros que no han cometido ningún delito sienten que la condena es no tener futuro en su país.

En mi ciudad de origen, Quito, entrevisto a la doctora Gabriela Almeida, madre de un niño de 5 años, quien ha cambiado sus rutinas a raíz de la inseguridad.

“Cuando era adolescente veía lo que ocurría en Colombia, como los coches bomba, y nunca pensé que algo así podía pasar en Ecuador. Con esto que está sucediendo se ven más personas con crisis de ansiedad, con ataques de pánico. Tener miedo de que me van a matar para robarme es una pesadilla”.

Ella está pensando ahora dejar Ecuador con su hijo.

“Yo amo mi país y quisiera que mi hijo crezca aquí, con nuestra gente, con sus costumbres; pero cuando pienso en la inseguridad que tenemos, me gustaría darle un futuro en el que pueda salir a la calle sin miedo”.

Como inmigrante, es muy difícil escuchar este testimonio.

Yo me fui en su momento por mi propia elección.

Pero claramente este Ecuador no es el mismo que yo dejé en aquellas épocas en que no necesitaba un casco y un chaleco antibalas para reportear en mi propio país

*Estos nombres son ficticios por pedido de los entrevistados.