Ecuador bajo ataque: El riesgo de hacer periodismo en el país

Desde hace casi tres meses, dos esposos periodistas, fundadores de una radio en la región amazónica, fueron reubicados con su familia de forma urgente tras recibir amenazas de muerte.

Ellos cuentan que la persecución en su contra arrancó el pasado 3 de octubre cuando notaron que personas extrañas comenzaron a tomarles fotos mientras estaban en sus vehículos.

Narran que los actos intimidatorios avanzaron cuando el 12 de octubre emitieron un comentario en la radio sobre la falta de controles contra el tráfico de drogas en la localidad donde viven, tras conocerse que en un accidente de tránsito fue detectado un vehículo que transportaba sustancias sujetas a fiscalización.

Lea también: La Policía lamenta que las bandas organizadas usen a menores de edad para cometer actos terroristas

Dos días después, el 14 de octubre, los periodistas relatan que mientras se subían a su vehículo, fueron abordados por un extranjero en moto, que usaba un casco, quien en tono amenazante y utilizando insultos, les dijo, “vea, sapo, cuidado con seguir hablando de temas políticos y de nuestro grupo de delincuencia organizada”.

Las víctimas, cuyos nombres se mantienen en reserva por seguridad, recibieron también la advertencia de que estaban en una lista de personas que tenían que ser silenciadas.

Le podría interesar: Daniel Noboa presenta los modelos de las cárceles de máxima seguridad en Pastaza y Santa Elena

Según la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP), integrada por organismos como Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, los comunicadores cubrían temas de política, criminalidad y delincuencia organizada.

Asimismo, empezaron a difundir denuncias sobre extorsiones de prestamistas ilegales, lo que habría provocado la agresión de estas bandas que operan en la zona. La provincia en la que residían, hasta antes de su reubicación, es un territorio clave para el transporte de droga, en la cadena de valor del crimen organizado transnacional.

Ellos cuentan que, tras sufrir esta amenaza directa, una fuente cercana que labora en la función judicial les corroboró que ambos estaban en una lista a eliminar de gente peligrosa.

Lea también: Guayaquil: las extorsiones aumentan alarmantemente en un 200 %

Él les aconsejó que se vayan lo más pronto posible. A pesar de la gravedad de estas amenazas, los periodistas no denunciaron formalmente los hechos por la falta de acciones del sistema judicial y las fuerzas de seguridad.

Para la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP) al igual que en otros, el Estado ha sido el gran ausente y la sociedad civil ha tenido que articular acciones de protección.

Esta entidad es la que provee a la familia un lugar seguro y recursos para su alimentación. Las víctimas reconocen que los meses en el exilio han sido difíciles porque se vieron obligados a retirar a sus hijas de sus planteles educativos, interrumpiendo su escolaridad.

Le podría interesar: Seis años de la escalada de violencia: ¿cómo se instaló el terrorismo en Ecuador?

“Con las necesidades emocionales que tienen, de querer saber lo que está pasando. Nosotros, tratando de ser un paraguas sicológico para darles algo de estabilidad emocional, pero por dentro, viviendo una angustia por no saber qué pasará en un futuro”, explican los esposos que han tenido que abandonar sus bienes en su lugar de origen, con el miedo de perder todo aquello por lo cual lucharon durante años.

Tienen muy poco contacto con su familia, para evitar riesgos, esto último genera daños sicológicos en los más pequeños, y para ayudarse con el pago de las deudas, explican que utilizaron los ahorros que tenían. Actualmente, dichos fondos son muy escasos, aseguran.

A pesar de que comenzar desde cero es muy difícil, mucho más para una familia, estudian la posibilidad de radicarse en el extranjero porque aseguran que no existen garantías para retornar al Ecuador.

Los periodistas califican como crítica la situación de seguridad de los demás colegas ecuatorianos, "estamos solos, no tenemos la más mínima garantía de que el Estado pueda apoyarnos. Al punto de que ni siquiera nos atrevemos a poner una denuncia en las instancias legales, dada la complejidad y el riesgo que esto encierra”.

Además, consideran que el gobierno requiere de una política de Estado que garantice el ejercicio periodístico ofrezca fondos emergentes para situaciones como las que viven los comunicadores exiliados por amenazas de grupos de delincuencia organizada. “Hacer un trabajo periodístico, en estos tiempos en Ecuador implica un alto riesgo”, concluyen.

Lea más: El año más violento: 2023 alcanza cifra récord de asesinatos en Ecuador

Se cumplen nueve meses desde que un periodista digital de una localidad costera de Ecuador vive en el exilio, tras recibir amenazas de muerte de parte de personas que se identificaron como integrantes de un grupo de delincuencia organizada (GDO). La víctima, cuyo nombre se mantendrá en reserva para precautelar su seguridad y la de su familia, formaba parte de un medio online en una de las ciudades más violentas del país.

Él denunció las amenazas recibidas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de intimidación. Esto lo llegó a conocer la organización criminal lo que provocó que las amenazas se extendieran a sus familiares, quienes recibieron mensajes intimidatorios por redes sociales, que decían: “conocemos la dirección de su domicilio, los tenemos en la mira”.

La Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas detalla que pese al riesgo que existe para el periodista y sus familiares, no se ha llevado adelante ningún tipo de diligencia en torno a este caso por parte de las autoridades judiciales.

Asimismo, se informaron estos hechos a las autoridades del Ministerio del Interior, y se solicitó la activación de medidas de protección para todas las víctimas, pero no hasta el momento no existen soluciones concretas.

El periodista detalla que durante dos años de labor periodística sufrió constantes amenazas que fueron escalando a tal punto de no poder vivir más en su lugar de nacimiento. En dicha ciudad, habitantes y funcionarios públicos han sido asesinados, sin que las autoridades esclarezcan los crímenes.

Hasta el momento, incluso, no existen detenciones de posibles responsables. Tampoco, las fuerzas del orden han tomado el control de los grupos narcocriminales que se disputan el territorio para el cometimiento de varios delitos.

Le podría interesar: Estas son las bandas declaradas como terroristas en Ecuador: ¿Cómo surgieron y dónde operan?

El comunicador admite que ha logrado mantenerse económicamente, de forma temporal, gracias a la entrega de recursos de organizaciones que velan por los derechos de los periodistas en el país y en la región. Actualmente, explica que ejerce un trabajo completamente distinto al periodismo, y asegura que trata de pasar desapercibido en su entorno, ocultando su anterior oficio, para evitar ser localizado por sus agresores.

Solo en 2023, nueve periodistas se vieron obligados a exiliarse de Ecuador debido a amenazas en contra de sus vidas, y este miércoles 10 de enero se reportó un nuevo caso de exilio en 2024. Un periodista de una provincia costera sufrió un atentado cuando su carro fue vandalizado con una sustancia tóxica afuera de una institución pública. Se presume que fueron funcionarios de esa institución quienes atentaron contra el vehículo.

El periodista denunció posibles irregularidades en contratos que el Municipio adjudicaba. Ocho días después de su publicación recibió en su casa cartas amenazantes que decían: “o te callas o te mueres”.

Hace seis meses, el periodista denunció en Fiscalía sobre una primera amenaza recibida. La situación se fue agravando e incluso personas desconocidas se encuentran vigilando su casa. El periodista fue reubicado ante un riesgo inminente contra su vida y porque se encuentra en una provincia peligrosa y violenta.

Lea también: 125 terroristas han sido detenidos en cuatro días de operaciones

El 6 de noviembre de 2023, una delegación de periodistas de Ecuador, víctimas de agresiones, censura y amenazas, junto con representantes de las organizaciones Fundamedios y Nos Faltan 3, expusieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las amenazas que vive la profesión en el creciente contexto de violencia. Incluso, las condiciones de exilio que viven algunos comunicadores ecuatorianos.

Un informe de la Fundación Periodistas Sin Cadenas, detalla que los costos de un exilio son elevados, superando en algunos casos los 50 mil dólares. Aunque hay organizaciones internacionales dedicadas a brindar soporte y ayuda económica a las víctimas, el creciente número de amenazas vuelve insuficientes los recursos por lo que las instituciones, que velan por la seguridad de los periodistas y la libertad de expresión en el país, instan al Gobierno a generar acciones para la protección de este oficio.

El primer caso de exilio en Ecuador ocurrió en marzo de 2023, cuando la periodista Karol Noroña del medio GK, fue informada de que era blanco del crimen organizado, por su trabajo de investigación en torno a la presencia de delincuencia organizada en las prisiones. En ese momento, el medio tuvo que activar todos los protocolos para su reubicación.