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La declaratoria de emergencia serviría para intervenir en infraestructura policial.
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Imagen del 2 de noviembre. El ministro del Interior, Juan Zapata (izq.); el comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas (centro), y demás autoridades de la institución policial visitan una Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de Flor de Bastión, en Guayaquil.( )
El ministro del Interior, Juan Zapata, avanzó este lunes 28 de noviembre que se prevé la firma de un acuerdo ministerial para declarar en emergencia al Ministerio del Interior y a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) con el objetivo de intervenir en infraestructura y adquirir municiones.
En declaraciones a la prensa, Zapata indicó que a escala nacional hay 23 UPC priorizadas en zonas conflictivas y donde se ha declarado estado de excepción (Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas)
Sin embargo, este número podría aumentar si se consideran provincias como Manabí, Los Ríos, Santa Elena y El Oro, indicó el Ministerio en un comunicado.
Informó que la inversión en cada UPC oscilaría entre los 8.000 y 12.000 dólares, lo que dependerá de la dimensión las vulnerabilidades de cada una de ellas.
El Secretario de Estado manifestó que esta declaratoria no tiene vinculación alguna con los acuerdos en seguridad firmados con Israel y Estados Unidos.
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Manifestó que la hoja de ruta trazada para adquirir el equipamiento de la Policía Nacional sigue en marcha.
En cuanto a la dotación de municiones manifestó que no solo es para el personal en territorio, sino para la capacitación permanente y continua de los uniformados.
"El personal del eje preventivo que primero actúa debe estar preparado, por lo tanto, debe existir un entrenamiento continuo y permanente con munición de arma corta y larga", dijo.
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A principios de mes, el presidente de la República, Guillermo Lasso, declaró el estado de excepción en Esmeraldas, Guayas y Santo Domingo de los Tsáchilas, tras una serie de atentados, varios contra instalaciones de la Policía, algunos de los cuales incluyeron explosivos.
El Ejecutivo atribuye esos ataques, en los cuales murieron seis policías, a una respuesta del crimen organizado a la lucha del Gobierno contra el narcotráfico.
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