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La Policía dice que no asignó custodia a la directora de la Penitenciaría porque no había análisis de riesgo
María Daniela Icaza fue baleada el 12 de septiembre, cuando circulaba por la Vía a Daule. La mujer no contaba con seguridad, a pesar de su cargo.
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La Fiscalía inició una investigación previa por el asesinato de María Daniela Icaza, directora (e) de la Penitenciaría del Litoral.( )
La directora encargada de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza Resabala, no contaba por custodia policial porque no existió un requerimiento de análisis de riesgo para la asignación. Así lo informó la Policía Nacional, dos días después del asesinato de la funcionaria en el norte de Guayaquil.
El jueves, 12 de septiembre, la funcionaria fue baleada en el asiento de copiloto de un carro tipo sedán, cuando circulaba por la Vía a Daule, en sentido sur-norte, a la altura del ingreso a la parroquia Pascuales. El conductor de vehículo también fue herido en el brazo.
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El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) había informado que un servidor de esa institución había resultado herido durante el ataque. De su lado, La Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que Icaza se trasladaba en ese vehículo "junto a su custodia".
El 13 de septiembre, la FGE confirmó que el herido no era custodio, sino "un ciudadano que le hacía expreso", según contó el hermano de la víctima.
Sin custodia policial por trámites burocráticos
Sus familiares denunciaron que el Estado no le brindó custodia policial, pese al peligro que representaba su cargo. Pero la institución justificó la ausencia de personal de seguridad, alegando que "no existió requerimiento de análisis de riesgo personal para que asignáramos servidores policiales".
En el comunicado, la Policía agregó que tampoco hubo una notificación inmediata de la Directora encargada, que informara sobre amenazas o la necesidad de protección.
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"Es una condición rigurosa de nuestra Institución que se cumpla con ese requisito mínimo, rápido y formal", dijo la Policía con respecto a la entrega del análisis de riesgo personal o la notificación de amenazas hacia un funcionario.
Los cuestionamientos giran en torno a los trámites burocráticos que se deben cumplir para la asignación de escoltas, incluso en cargos como el que recientemente ocupaba María Daniela Icaza, que, por su naturaleza, requerirían seguridad permanente.
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