El plan de gobierno de Noboa planteó siete acciones para superar la crisis carcelaria, ¿cuántas puso en marcha?

Daniel Noboa cumplió 50 días en el poder y ya decretó su primer estado de excepción. La ola de violencia obligó a que un día después, el 9 de enero, elevara la situación a conflicto armado interno y declarara a 22 grupos de delincuencia organizada transnacional como terroristas.

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Hoy, el principal problema se registra en siete cárceles del país, donde los amotinamientos no son nuevos, el hacinamiento continúa, hay un déficit de personal penitenciario y los cuestionados procesos judiciales se mantienen. Esto, aunque en el plan de gobierno presentado al CNE por el binomio Noboa-Arauz, se planteaban reformas específicas con respecto al sistema carcelario.

En su plan de trabajo, de 76 hojas, siete están destinadas a temas de seguridad y en dos de ellas se detallan las acciones correspondientes al sistema carcelario. En este no se habla del Plan Fénix, que fue abordado por Noboa ya avanzada la campaña.

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La primera propuesta fue acelerar los procedimientos judiciales y garantizar el derecho a un juicio rápido y conforme a la ley. Anunció la contratación de personal judicial, la implementación de tecnologías que agilicen el proceso y la revisión de las políticas de prisión preventiva.

Noboa ofreció invertir en infraestructura para mejorar las condiciones de los centros penitenciarios, garantizando la seguridad, la higiene y el respeto a los derechos humanos.

Este es el proceso más avanzado. Desde el balotaje, Noboa planteó la construcción de dos cárceles de máxima seguridad. Hoy se conoce que se edificarán en Pastaza y Santa Elena.

El 11 de enero, el Presidente iba a poner la primera piedra para su construcción; a cambio, presentó los modelos de los centros penitenciarios, cuya edificación tomará entre 10 y 11 meses.

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Propuso implementar programas efectivos de rehabilitación dentro de las prisiones. Incluirán capacitación vocacional, educación, terapia y otras actividades productivas.

Ofreció mejorar la formación y capacitación del personal penitenciario, incluyendo la formación en técnicas de resolución pacífica de conflictos, derechos humanos y gestión de crisis.

Planteó la implementación de medidas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema penitenciario, con auditorías regulares, el establecimiento de mecanismos de quejas para los reclusos y la supervisión independiente de las condiciones de los centros de detención.

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Para los acusados que aún no han sido condenados y representan un bajo riesgo, se debería contemplar medidas alternativas, como el monitoreo electrónico, la presentación periódica ante una autoridad, la prohibición de salir del país o la obligación de permanecer en un lugar determinado.

Promover penas alternativas a la privación de libertad para los delincuentes no violentos, como trabajo comunitario, multas, restitución a las víctimas, programas de rehabilitación y tratamiento para la dependencia de sustancias.

Desde el inicio de su mandato, Noboa sostuvo que existía un grave déficit en la caja fiscal. Anunció algunos planes para financiar el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía, como el cambio de chatarra por armamento nuevo, equivalente a USD 200 000.

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No obstante, tras iniciar un estado de guerra con los terroristas, envió a la Asamblea un proyecto de ley económico urgente para subir el IVA del 12% al 15%. Con ello se pretende estabilizar las finanzas, redistribuir los ingresos y afrontar la necesidad de recursos por el conflicto armado interno.

La principal traba, además del financiamiento, sería la corrupción en el sistema penitenciario y judicial. Jean Paul Pinto, experto en seguridad, dijo a Ecuavisa.com que, para lograr resultados oportunos, se debería depurar las filas del SNAI y demás instituciones públicas.

Considera que ninguna estrategia para evitar la violencia ni la crisis carcelaria se podrá concretar mientras haya infiltrados de los grupos criminales en las instituciones.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sostuvo en su cuenta X que "No es soplar y hacer botellas". Esto en supuesta referencia a la ola de violencia que se ha registrado en Guayaquil, Esmeraldas, Machala y otras ciudades de Ecuador.

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Previamente, en noviembre de 2022, sostuvo que "el estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica" y que "aprobar un estado de excepción, sin una estrategia contra los terroristas, no sirve de nada".

"Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones", agregó en esa ocasión.