Caso Purga | Informe policial ubica a Pablo Muentes como la cabeza de la red criminal en la Corte del Guayas

Al concluir la instrucción fiscal del denominado caso Purga, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió un extenso informe policial de 1 600 páginas que sistematiza la información recabada desde marzo de este año. El informe revela la existencia de una compleja red de corrupción judicial, con el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes identificado como la cabeza de la estructura criminal que operaba dentro de la Corte Provincial de Justicia de Guayas.

El documento incluye un gráfico que ubica a Muentes en el centro de la trama delictiva. En un segundo nivel de la jerarquía aparecen figuras clave como Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas; Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte Provincial de Guayas, y Johann Marfetán, exjuez de la misma corte. Estos altos funcionarios judiciales habrían facilitado las operaciones ilícitas bajo las órdenes de Muentes.

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En un tercer nivel de la estructura están otros 19 implicados, entre jueces, militares, familiares de Muentes y funcionarios judiciales. Según el informe, estas personas estarían involucradas en múltiples delitos, desde gestiones ilegales para obtener fallos judiciales favorables hasta sorteos de causas amañadas y tráfico de influencias en la administración de justicia.

Uno de los casos más relevantes descritos en el informe es la participación de Muentes, su esposa y su asistente en las gestiones que lograron un fallo judicial que obligaba al Banco del Pacífico a pagar cuatro millones de dólares. El documento detalla cómo, a través de maniobras ilegales, Muentes coordinó el fallo a cambio de beneficios económicos.

El informe también menciona la implicación de Muentes en la campaña para posicionar al juez Hugo González como presidente de la Corte de Guayas y en gestiones a favor de Adolfo Villamar, alias Fito, considerado el cabecilla del grupo criminal Los Choneros.

Además, se detallan los sorteos judiciales fraudulentos y una acción de protección otorgada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército a cambio de sobornos.

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Otro punto clave del documento es el tráfico de tierras, en el que Fausto Alarcón, primo de Muentes y su testaferro, manejaba propiedades a favor del exasambleísta. Estas actividades ilegales, según la FGE, fueron posibles gracias a la influencia de Muentes en la estructura judicial y administrativa de Guayas.

El informe de la Policía recopila ocho hechos específicos relacionados con la acusación de delincuencia organizada y presenta los elementos probatorios que serán utilizados en la audiencia de llamado a juicio contra los 25 procesados. Esta audiencia está prevista a realizarse en 20 días en la Corte Nacional de Justicia.