Posibles desplazamientos forzados de familias en Guayaquil, por el aumento de la violencia

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron este viernes 21 de marzo de la existencia de desplazamientos forzados de familias del noroeste de Guayaquil debido al aumento de la violencia criminal y exigieron al Gobierno que reconozca esta realidad y tome medidas para proteger a los afectados.

Los grupos sociales, que se han unido a fundaciones, iglesias, agencias de cooperación, universidades y empresas para formar la Mesa Regional de Cooperación para el Desarrollo en Guayaquil, mostraron su preocupación ante la "creciente crisis humanitaria" que afecta al noroeste de la ciudad, derivada de los desplazamientos forzados de habitantes de la zona y del confinamiento obligado que viven otras familias que no han podido huir de la violencia.

"Desde 2019, hemos sido testigos del incremento de la inseguridad, lo que ha generado un impacto significativo en las comunidades. La falta de enfoque integral en las respuestas estatales ha dejado a muchas familias en condiciones de vulnerabilidad", denunciaron las organizaciones en un comunicado.

Los casos más recientes se registran en Socio Vivienda, la zona que fue el 6 de marzo epicentro de una masacre en la que fueron asesinadas 22 personas, causada, según la Policía, por disputas entre facciones de la banda criminal Los Tiguerones.

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Tras este enfrentamiento, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) registró que al menos 15 familias tuvieron que huir de sus hogares de manera repentina e involuntaria debido a la violencia, dejando todo para proteger su vida.

Además, otras 26 personas se quedaron atrapadas y no han podido salir de sus casas debido a varios factores, ocasionando un confinamiento forzado. "Esta decisión es promovida por el miedo de despojo por parte de las bandas criminales de sus departamentos luego de su salida", señaló la organización en un informe.

Los grupos sociales señalaron que si bien este reporte se concentra solo en la primera etapa de Socio Vivienda, ya tienen "constancia" de que esta situación "se extiende incluso con mayor gravedad en Socio Vivienda 2".

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Agregaron que las personas huyen de esta zona de Guayaquil, que es una de las más violentas del país, para "preservar la vida" ante una violencia que "no se ha detenido", pues las bandas criminales han ocupado ese sector y expulsado a varias familias mediante amenazas y extorsiones con el objetivo de utilizar esas viviendas como centros de operaciones o para esconder armas, drogas o incluso a personas secuestradas.

El CDH detectó que, en muchos casos, las familias que huyeron no pudieron hacerlo juntas, lo que ha llevado a la separación de hijos y padres y madres, así como a la dispersión de otros parientes que han tenido que buscar refugio en otros lugares.

"Muchas familias han quedado en la incertidumbre sobre si podrán recuperar su hogar o regresar en condiciones seguras. La pérdida de medios de vida también ha afectado la posibilidad de generar ingresos, lo que coloca a las personas desplazadas en una situación de precariedad económica extrema y con pocas opciones de recuperación en el corto plazo", alertó la organización.

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Además de un reconocimiento de esta situación, los grupos sociales pidieron al Gobierno activar medidas de protección y garantías para la seguridad de las familias.

También solicitaron a la Alcaldía de Guayaquil que habilite albergues para las personas desplazadas y a organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que trabajen con el Gobierno para "abordar esta crisis de manera efectiva y sostenible".