Ocho muertos en nueve ataques a jueces y fiscales en el último año en Ecuador: funcionarios piden seguridad o van al paro

El asesinato del fiscal de Durán, Leonardo Palacios, ocurrido el pasado 1 de junio, fue el noveno ataque armado contra un operador del sistema judicial en el último año en Ecuador.

Como la violencia de las calles también ha alcanzado a los funcionarios judiciales del país y ven que nada cambia, algunos ya analizan paralizar sus actividades, no solo como una señal de protesta porque el Estado no les dota de seguridad, sino porque muchos temen sufrir atentados contra sus vidas.

El crimen contra Palacios ocurrió el mismo día que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, denunció haber recibido amenazas de muerte contra ella y su hija.

Como consecuencia de los diez ataques contra funcionarios judiciales ocurridos en el último año, ocho personas han fallecido.

La trágica cronología comenzó el 5 de mayo de 2022, cuando atacaron con disparos el vehículo en el que se movilizaba Víctor Hugo Alcívar, fiscal de Santo Domingo de los Tsáchilas. El fiscal sobrevivió a las heridas, pero una mujer que lo acompañaba falleció.

El 18 de ese mismo mes, el exfiscal Juan Neira Jaime fue asesinado en el centro de Esmeraldas, cerca del edificio de la Gobernación y de una unidad policial de la ciudad, en una de las principales zonas financieras y comerciales. Horas después del asesinato hubo tres explosiones en Esmeraldas.

Solo siete días después, el 25 de mayo, asesinaron a la fiscal de Manta Luz Marina Delgado y a su asistente, Jefferson Mendoza, quienes fueron acribillados en el auto que se movilizaban.

En 2018, Luz Marina Delgado detuvo con fines investigativos por presunto lavado de activos a Julia J.M.G., identificada como pareja sentimental de Édison Washington Prado, conocido como Gerald o “el Pablo Escobar ecuatoriano”, quien fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 19 años de cárcel por narcotráfico.

Después de 3 días del doble crimen en Manta, el 28 de mayo un hombre disparó al vehículo en el que viajaba el fiscal de El Triunfo, César Peña, quien no resultó herido. En el mes de septiembre, cuando había sido trasladado a Guayaquil, le dejaron un arma de juguete en el auto, algo que tomó como una nueva señal de intimidación.

En Babahoyo, provincia de Los Ríos, el fiscal Federico Estrella fue acribillado el 15 de agosto cuando intentaba guardar su vehículo en el garaje de su casa, ubicada en la ciudadela Los Perales.

Siez días después del asesinato de Estrella, la mañana del 25 de agosto sicarios mataron al juez de Sucumbíos, Nelson Yánez, a quien lo interceptaron afuera de su vivienda en la ciudad de Lago Agrio.

Mientras que la mañana del 19 de septiembre, dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon al fiscal Édgar Escobar afuera de la sede de la Fiscalía de Guayas, en el centro de Guayaquil.

El fiscal Escobar investigaba una explosión en Cristo del Consuelo, la cuarta masacre carcelaria que ocurrió en el país, en noviembre de 2021, también investigó asesinatos. Uno de los más mediáticos fue el del joven Jaime Villágomez, víctima de sicarios en un restaurante en el Buijo Histórico, en Samborondón.

La noche de ese mismo 19 de septiembre de 2022, horas después del asesinato del fiscal Escobar, hubo un ataque contra un juez identificado como Víctor G. en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. El juzgador resultó ileso, pero dos acompañantes fueron heridos.

En la madrugada la fiscal general Diana Salazar recibe un video que incluye una amenaza de muerte y en la noche acribillan al fiscal de Durán, Leonardo Palacios.

Tras el último crimen, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces exige una cita con representantes del Gobierno. “Demandamos de forma inmediata una mesa conjunta con las instituciones a cargo de la seguridad interna del Estado para una solución directa para contrarrestar esta cadena continua de hechos violentos”, manifestó Carlos Dávila, vicepresidente del gremio.

Dijo que “estos actos terroristas” buscan sembrar pánico no solo en la función judicial, sino también en la población civil, que ve cómo la delincuencia organizada es capaz de matar a los funcionarios que pretenden aplicar justicia para quedar impunes.

Jueces y fiscales en Ecuador, ¿el nuevo objetivo del crimen organizado?

Dávila mencionó que los asesinatos de jueces y fiscales son actos delincuenciales extremos, pero estos inician con amedrentamientos menores que tienen un gran impacto en los colegas que lo sufren, sobre todo al ver que hay amenazas que sí se concretan. Y por eso los funcionarios judiciales exigen seguridad.

“Desde hace varios meses hemos venido soportando una ola de ataques, asesinatos a jueces, fiscales, secretarios judiciales y sus familias; hemos sufrido amenazas de bomba en las unidades judiciales y ataques cibernéticos”.

Todo esto, dicho por los propios empleados judiciales, les afecta física y emocionalmente. Algunos están promoviendo una paralización hasta que se tomen medidas de seguridad, otros han pedido vacaciones o se enferman de los nervios.

Algunos magistrados opinan que sería ideal la aplicación de jueces y fiscales sin rostro para procesar delitos graves, pero están conscientes de que la Constitución actual lo impide; sin embargo, esperan que cuando se posesione la nueva Asamblea Nacional, se haga una reforma en ese sentido.

“No basta con que nos pongan un detector de metales a la entrada de la Corte o de la Fiscalía, eso de qué sirve cuándo ya saben quién eres y te están esperando afuera de tu trabajo o tu casa para matarte”, menciona un fiscal de Guayas.

Tras la muerte del fiscal Escobar, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas, Fabiola Gallardo, solicitó la declaratoria de emergencia de la función judicial.

“Nosotros, los funcionarios judiciales, estamos sin protección por lo que requerimos que se nos brinde esa protección necesaria para poder trabajar. En este momento, ejercer nuestras funciones está representando ser un acto heroico”, alertó Gallardo.

La presidenta de la Corte pidió al Consejo de la Judicatura que a todos los jueces y fiscales en materia penal se les permita hacer teletrabajo hasta que “existan las condiciones de seguridad”.

Pero nada de lo solicitado se otorgó y ahora en el ámbito judicial se lamenta la más reciente muerte, la del fiscal de Durán Leonardo Palacios, quien fue acribillado con 40 disparos la noche del 1 de junio tras una audiencia de juicio a dos hombres procesados por asesinato.

De momento no se conoce si Palacios había recibido amenazas o si había solicitado protección.

Solo en 2022, 31 funcionarios de la Fiscalía solicitaron ingresar al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos tras haber sufrido amenazas o atentados, pero solo se atendió de forma favorable a 25 requerimientos, en nueve provincias.

Una fuente de la Fiscalía ha señalado que tras los últimos sucesos, la Dirección Nacional del Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, que no ha revelado el número de solicitudes actuales, pidió a los fiscales provinciales "que se remita de forma urgente información de los agentes fiscales de cada provincia que tengan a su cargo causas que les generen cualquier tipo de riesgo para su integridad personal".

Según la comunicación interna, la idea es gestionar ante el Ministerio del Interior la evaluación de riesgos y la asignación de seguridad.

Los reiterados ataques que sufren los operadores de justicia en Ecuador serán puestos en conocimiento de Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lo harán las federaciones latinoamericanas de jueces y fiscales, con sede en San José, Costa Rica, que emitieron un comunicado conjunto en el que rechazan la violencia, expresan su solidaridad a las familias de las víctimas y exigen al Estado ecuatoriano tomar acciones que garanticen la seguridad de los funcionarios judiciales.

“Ambas Federaciones hemos alertado sobre la incapacidad del Estado en proveer acciones coordinadas y protección eficiente para garantizar la protección debida a jueces y fiscales ante la ejecuciones de las amenazas permanentes”, señalan en el comunicado.

Advierten que de persistir la inoperancia estatal, habrá “mayores y más graves consecuencias, no solo en la vida de operadores de justicia y sus familias, sino al sistema democrático y a la calidad de la administración de justicia” en Ecuador.

La impunidad, dicen ambas federaciones, genera empoderamiento de las agrupaciones criminales que promueven la corrupción en el país. “Instamos a los representantes estatales y especialmente al poder Ejecutivo de Ecuador a actuar a la altura de la circunstancia y que corrijan la falencia en seguridad del personal de la Judicatura y Fiscalía, de conformidad con estándares internacionales que los obligan a la actuación inmediata y urgente”.