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Solo en la Zona 8, 500 soldados con armas están distribuidos en alrededor de 200 colegios.
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Los militares también ingresan a los planteles para acompañar a las funcionarios del MSP en una campaña de vacunación. ( )
Alrededor de 1.500 militares resguardan desde este miércoles 3 de mayo los exteriores de establecimientos educativos en ocho provincias del país. Los uniformados se concentran a la entrada y salida de los estudiantes.
Solo en la Zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y Samborondón, 500 soldados con armas están distribuidos en alrededor de 200 colegios ubicados en zonas consideradas peligrosas.
Los militares también ingresan a los planteles para acompañar a las funcionarios del Ministerio de Salud Pública (MSP) que acuden a vacunar a los alumnos contra el sarampión, la rubéola y la poliomielitis.
La vigilancia de las Fuerzas Armadas en los exteriores de las unidades educativas también se da en otros cantones de Guayas, así como en las provincias de Esmeraldas, Pichincha, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Azuay y Morona Santiago.
El acompañamiento de los militares en las instituciones educativas inició el mismo día en que el presidente de la República, Guillermo Lasso, firmó un decreto que aprueba operaciones militares y policiales contra el terrorismo y que responde a una estrategia que intenta poner fin a una espiral de violencia del crimen organizado y de asesinatos, robos y asaltos que han sacudido a la sociedad ecuatoriana en los últimos dos años.
El Decreto Ejecutivo 730, anunciado por la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, dispone que las Fuerzas Armadas "ejecuten operaciones militares en todo o en parte del territorio nacional para enfrentar y contrarrestar a las personas y organizaciones terroristas".
El decreto responde a una resolución alcanzada el pasado 28 de abril por el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el máximo organismo asesor del presidente en esa materia, que recomendó el uso de armas letales para combatir la oleada de crímenes en el país, atribuidos a bandas del crimen organizado, consideradas como "terroristas" por el Ejecutivo.
El Cosepe recomendó el accionar incluso de las fuerzas militares en virtud de la oleada de delincuencia que afecta al país y que parece haber rebasado el control de los agentes del orden.
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