Militar en servicio activo es sentenciado a 29 años de cárcel por violación

Un oficial del Ejército fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de cárcel por violación, informó la Fiscalía General. La fiscal especializada en Violencia de Género, Silvana Garrido Pazmiño, reunió las pruebas necesarias para demostrar durante el juicio que el entonces capitán del Ejército –ascendido hace meses al grado de mayor– habría sido responsable de la agresión registrada el 26 de noviembre de 2017 en un recinto militar ubicado en Pichincha.

Las lesiones que la víctima sufrió en sus partes íntimas –producto de una violación– se evidenciaron veintisiete días después de la agresión sexual, acotó la entidad. Por eso, el oficial fue condenado por un Tribunal Penal a 29 años y cuatro meses de reclusión.

El testimonio anticipado de la mujer, reproducido en la audiencia de juicio, reveló que el día de los hechos se encontró con unos excompañeros, pues ella también fue cadete de la Escuela militar. Luego de compartir con ellos en el recinto, se retiró a descansar en una de las habitaciones del cuartel.

El uniformado apareció minutos después, según Fiscalía. "La golpeó en el rostro, la sometió y la ultrajó provocándole severas lesiones a nivel genital". Esto se corroboró con la valoración ginecológica que también fue expuesta ante el Tribunal de Garantías Penales.

Tras cometer el delito -se indicó en la audiencia- el uniformado se retiró al sitio en donde estaba el resto de personas que continuaban en la fiesta. "La víctima entró al sitio semidesnuda e increpó al hoy mayor del Ejército por lo que le hizo. El reclamo fue presenciado por otros uniformados que también testificaron ante los jueces por llamado de Fiscalía, confirmando lo manifestado en el testimonio anticipado".

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Garrido también llamó a testificar a una capitán y una teniente, quienes estaban de guardia el 25 de noviembre de 2017. Ellas dijeron –bajo juramento– que escucharon los gritos de auxilio de una mujer que provenían de una habitación, pero que nadie atendió al llamado que hicieron a la puerta cerrada.

Como prueba documental, la fiscal también incorporó certificaciones que confirmaron que el procesado pertenece a las filas del Ejército y documentación que hubo un arresto de tres días como sanción. "Eso le impusieron sus superiores por haber participado de la reunión prohibida que terminó en violación dentro del recinto militar".

Con esta y otras pruebas más, los jueces impusieron al oficial la pena máxima que establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Se consideró la circunstancia agravante del artículo 48, numeral 2, de la misma normativa, que determina un incremento de la condena si el delito se comete en un recinto militar.

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