Madrastra que asesinó a un niño de 12 años en Guayaquil pasará más de 34 años en la cárcel con sentencia ratificada

Una Sala de Garantías Penales del Guayas –por unanimidad– rechazó el recurso de apelación a la condena de Karla Lucía T. S. y le ratificó la sentencia de 34 años y ocho meses de prisión por el asesinato de su hijastro, un niño de 12 años.

En la audiencia de apelación a la sentencia, los jueces Juan Paredes, Henry Morán y José Poveda confirmaron la condena impuesta por un Tribunal Penal de primera instancia, además de la multa de 1.000 salarios básicos unificados (425.000 dólares) y de 50.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima.

El homicidio ocurrió el 27 de abril de 2020, en una urbanización del norte de Guayaquil, cuando la ciudad afrontaba una gran ola de muertes por COVID-19 y los cadáveres se entregaban embalados, con cofres cerrados y se mandaban a incinerar.

La madrastra de la víctima dijo que el niño estaba bañándose y que se desvaneció en la ducha, muerto por el virus, según ella. Y por eso –según su relato– le había puesto una mascarilla y ropa.

Sin embargo, las pericias e investigaciones determinaron que con eso solo trató de cubrir golpes, quemaduras, lesiones y laceraciones que le había provocado.

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Por ese motivo, los agentes indicaron en su reporte que el fallecimiento era “extraño”, además de que notaron signos de agresión física en manos y cara, por lo que auscultaron el cuerpo, llegando a la conclusión preliminar de que había fallecido por golpes y contusiones, por lo que llamaron la Policía Especializada en Muertes Violentas (Dinased).

A los policías que procedieron con el levantamiento de cadáver les llamó la atención que la mujer llamó primero a dos amigas del sector, quienes le habrían ayudado a vestir el cuerpo con un buzo, pantalón y bufanda, y después llamó al padre de la víctima –que se encontraba trabajando– para contarle lo ocurrido.

Los investigadores recolectaron los primeros elementos de convicción e indicios, encontrando al interior de la casa una cinta adhesiva con la que se presume maniataron al menor. En el lugar, la madrastra fue detenida.

En la audiencia de juzgamiento (primera instancia) que se llevó a cabo el 3 de mayo de 2021, la fiscal de la Unidad de Personas y Garantías, Laura Medina, presentó como pruebas: los testimonios de los agentes investigadores y aprehensores, de médicos peritos y psicólogos que intervinieron en el caso.

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Además se reprodujeron videos con lo que se probó que el niño nunca salió de la urbanización donde vivía, fotos en las que se observan las lesiones, laceraciones y quemaduras que presentaba el cadáver, lo que fue corroborado con el protocolo de autopsia.

La Fiscalía procesó este caso con base en el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal, que sanciona el delito de asesinato con pena de 22 a 26 años, en concordancia con el artículo 47 del mismo cuerpo legal, que se refiere a los agravantes que incrementan en un tercio la pena impuesta, ascendiendo hasta los 34 años de cárcel.