Los Lobos, el grupo terrorista que opera en 18 provincias del país, tiene al menos siete mil integrantes

Los Lobos ganaron protagonismo en el 2020, luego del crimen de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, cabecilla de Los Choneros. Eran parte de este grupo criminal, se separaron y se aliaron al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación que les proporciona droga, armas, explosivos y dinero para reclutar a funcionarios públicos.

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Ecuavisa tuvo acceso a un informe militar que calcula que este grupo tiene entre siete mil y ocho mil integrantes; mientras que trabajos de inteligencia policial consideran que tienen presencia en 18 de las 24 provincias del país pero en cinco han instalado su centro de operación criminal.

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Así mismo se ha identificado que tienen otras actividades como camaroneras, bananeras y compañías de seguridad para la adquisición de armas como fusiles y subametralladoras.

No hay un cálculo total de cuántos millones de dólares mueve esta organización criminal, pero por ejemplo, solo en el cantón Camilo Ponce Enríquez, los investigadores estiman que esta mafia genera al menos un millón de dólares al mes en minería ilegal y extorsiones; aunque una investigación periodística de Vistazo y el portal Código Vidrio concluyó que podrían ser hasta USD 3,6 millones al mes.

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El Gobierno celebró el anuncio de Estados Unidos de imponer sanciones a Los Lobos, uno de los principales grupos de delincuencia organizada que opera en el país, y a su líder Wilmer Chavarría, más conocido con el alias Pipo.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana ecuatoriano señaló que el Ejecutivo acogió con complacencia las sanciones anunciadas por el país norteamericano contra 'Pipo' y su banda.

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Como resultado de las sanciones de este jueves, todas las propiedades e intereses de las personas y entidades sancionadas que se encuentren en Estados Unidos quedarán bloqueadas, y se prohíbe a los estadounidenses tener transacciones con ellos.

Según la Administración de Joe Biden, Los Lobos han estado involucrados en narcotráfico, asesinatos a sueldo (sicariatos) y minería ilegal, y provee servicios de seguridad al mexicano Cártel de Jalisco Nueva Generación en sus intentos por dominar las rutas de tráfico de cocaína en la ciudad portuaria de Guayaquil.

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