Los familiares de privados de la libertad denuncian abusos y tratos crueles

En un chat de Whatsapp y diferentes plataformas de redes sociales, los parientes de las personas privadas de la libertad (ppl) se mantienen en contacto e informan sobre lo que sucede en los centros de privación de la libertad del país. Intercambian fotos, videos, mensajes y audios que dan cuenta -aseguran- de posibles tratos crueles perpetrados por los miembros de las Fuerzas Armadas, desde la vigencia del Decreto de Estado de Excepción por conflicto armado interno.

También se contactan por ZOOM y reciben asesoría de diferentes organismos de Derechos Humanos. Aseguran que las agresiones se reportan a diario y que los presos se encuentran incomunicados de sus familiares. El Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) ha denunciado que se hacen "encierros en celdas con gas pimienta, golpes, azotes entre otros actos que atentan la dignidad humana". Tampoco reciben alimentación de forma adecuada y aseguran que en las prisiones hay casos tuberculosis.

Ante eso, los allegados de los detenidos se reúnen de forma permanente y junto a sus abogados presentaron una solicitud de medidas cautelares, el pasado 16 de marzo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con la finalidad de prevenir y evitar la vulneración de derechos. "El inconveniente que tenemos es la falta de alimentación, así como las torturas de los militares. Por ejemplo, meten gas en las fundas de basura y les ponen en la cabeza. También los ahogan en tinas", expresó Dina (nombre protegido), cuyo esposo está detenido desde hace nueve años por homicidio en el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi.

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Añadió que no reciben visitas de los familiares desde hace cinco meses y solo pueden reunirse con sus abogados, por un periodo de 10 o 15 minutos, ante la presencia de un soldado que los vigila. "Únicamente pueden hablar sobre temas legales (...) Estamos de acuerdo con la intervención militar, pero sí nos oponemos a este tipo de maltratos".

Las quejas provienen de diferentes centros penitenciarios del Ecuador. Por ejemplo, el esposo de María (nombre protegido) está en el Centro de Rehabilitación Social del Guayas (CRS) desde hace un año y siete meses. Cuenta que los uniformados obligan a los ppl a pasar todo el día en ropa interior y duermen mojados sobre el piso. No les permiten tener colchonetas. Tratan de borrarles los tatuajes con plástico derretido de fundas quemadas. "Mi marido tiene dos grandes de su organización (GDO). También les golpean como si quisieran arrancárselos".

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), indicó a ecuavisa.com que, de darse el cometimiento de actos ilícitos por parte de personal que no depende laboralmente, se denunciará ante la autoridad para conocer e investigar estos casos.

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Desde la Dirección de Medidas Cautelares y Penas Privativas de Libertad se creó un canal de comunicación para atender a las familias de los ppl. Se habilitó un formulario en línea para ayudar a los allegados de los presos y el documento se difundió a través de las redes sociales de SNAI. Este ha permitido mantener informadas a las familias a través del correo institucional, facilitando información general sobre las ppl, su situación general, estado de salud, situación jurídica y demás.

Adicionalmente, con la finalidad de precautelar el derecho a la defensa, los internos de los centros de privación de la libertad han mantenido contacto permanente con sus abogados (públicos o privados). Incluso, los presos extranjeros han tenido visitas, presenciales y telemáticas, con embajadas y consulados.

De otro lado, las autoridades del organismo rector del sistema penitenciario del país aseguran que la presencia de los militares en las prisiones, a escala nacional, obedece al cumplimiento de los decretos ejecutivos expedidos por parte del presidente Daniel Noboa Azín para mantener el orden, control y garantizar la seguridad física de las infraestructuras penitenciarias.

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En ese contexto, en caso de que se conozca sobre actos ilícitos perpetrados por parte del personal que no depende laboralmente del SNAI, se interpondrá las denuncias ante las autoridades competentes para investigar los hechos.

Fernando Bastías Robayo, miembro del CHD, expresó que los casos de vulneraciones en las prisiones son recurrentes. Por eso, están a la espera de una resolución de la CIDH. Cuestionó que las autoridades no han cumplido las medidas cautelares que fueron otorgadas, el 2 de mayo pasado, por la Unidad Judicial del Norte de Quito con las que se busca impedir la restricción al acceso de alimentos en las cárceles.

De hecho, la semana pasada, los familiares de los ppl organizaron un plantón en las afueras del edificio del SNAI, en Quito, para pedir que se cumpla la medida cautelar. De igual forma, ayer, hubo otra manifestación en las afueras de la cárcel de Latacunga. Con pancartas y globos blancos, pidieron que se solucione el tema de la alimentación y que paren los abusos. Una manifestante dijo que la salud de los presos es delicada y retiteró que hay casos de tuberculosis.

Rosa Bolaños, de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), manifestó que en la mayoría de centros de privación de libertad se registran maltratos físicos y psicológicos (privación de comidas, visitas, etc.). Además, tras la suscripción del Decreto Ejecutivo número 111, con el que se reconoció la existencia de un conflicto armado interno en Ecuador, hay bastante hermetismo por parte de las autoridades.

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En tanto, las denuncias continúan apareciendo con más parientes de ppl en diferentes ciudades. Ecuavisa.com dialogó con Olga (nombre protegido), cuyo marido está detenido en el Centro de Rehabilitación Social El El Rodeo de Manabí. "Los ppl que están plaqueados (con tatuajes) han llevado la peor parte (...) Lo torturaron de una forma muy cruel. Con un machete le trataron de borrar el tatuaje".

Dijo que tiene la espalda lacerada y permaneció tres días sin tomar agua junto a otros compañeros de la prisión. Contó que su esposo ya cumplió al 60% de su sentencia, pero no le permiten salir. No entienden por qué se hace fotos de los dibujos y pinturas que los internos tienen en la piel.

Desde el SNAI se indicó a Ecuavis.com que llevan un registro fotográfico pormenorizado. Se realiza con la finalidad de implementar la información individual de cada ppl en el Sistema Informático Penitenciario, más aún cuando actualmente se ejecuta a nivel nacional el proyecto de actualización nominal y numeral de las personas privadas de la libertad.

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En cuanto al tema de las visitas familiares, sociales e íntimas, la entidad sostiene que, por las intervenciones militares tras la declaratoria de estado de excepción y conflicto armado interno, se tomó la decisión temporal de suspenderlas en los diferentes centros de privación de libertad.

"Esta es una decisión temporal y necesaria en el contexto actual para garantizar un ambiente seguro para todos los involucrados en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social; sin embargo, las visitas de abogados se han mantenido con normalidad a efectos de garantizar el derecho a la defensa de toda la población penitenciaria", indicó la entidad.

Por parte desde el SNAI no se instruye al personal militar para que participe como oyente en estas conversaciones entre los ppl y sus defensas técnicas. En caso de presentarse alguna de estas situaciones, la novedad debe ser reportada de manera inmediata a la máxima autoridad del centro para adoptar las medidas correctivas.

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En lo que respecta a la alimentación, los ppl y sus allegados están a la espera de que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos económicos para solucionar el problema de la falta de comida, más cuando la Unidad Judicial de Quito aceptó las medidas cautelares presentadas por varios organismos de derechos humanos y en 15 días, contados desde el pasado 2 de mayo, el Ministerio de Finanzas tiene que asignar los recursos para la adquisición de alimentos.

De momento, el SNAI informó que se encuentra en la etapa precontractual para adjudicar el contrato para el servicio de provisión de alimentos en la División Territorial 1, sin precisar a qué sector se refiere.

En lo que respecta a la tuberculosis -indicó la entidad rectora del sistema penitenciario del Ecuador- la mayor parte de casos de personas privadas de libertad con esta enfermedad se encuentra en los centros de privación de libertad 1, 5 y 4 del Guayas. Por eso, en coordinación con el MSP, actualmente se encuentra realizando tamizajes de VIH y tuberculosis en una campaña que se encuentra en curso en cárcel 1 del Puerto Principal.

Esta estrategia se replicará en el resto de infraestructuras penitenciarias antes mencionadas, previa coordinación con el ente encargado de la salud al interior de las cárceles del país.

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