Los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa extienden sus redes en Ecuador

En la guerra contra el narcotráfico hay un protagonista casi más poderoso que el Estado: los carteles de la droga. Por su ubicación estratégica, los grupos de delincuencia organizada tranformaron al Ecuador de un país de tránsito a un centro de acopio y distribución de estupefacientes, en América Latina.

Se trata de los carteles mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafía balcánica (albanesa), procedente del este de Europa. Estas provocaron la proliferación de microcarteles internos que ahora son 11 reorganizados en tres grupos.

El Gobierno les declaró la guerra con resultados polémicos, pues al país ingresa más droga. En su balance, las autoridades decomisaron más droga con 500 toneladas. También cuenta el número de miembros de bandas criminales capturadas, 730 en el mismo periodo.

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¿Esto ha frenado a los carteles y a sus aliados? No, porque los carteles tienen el control de las cárceles. Desde allí siguen traficando, extorsionando y matando. "Resulta incomprensible que no se haya instalado inhibidores (en las prisiones) y que las empresas de telefonía celular no dejen de dar servicio a los detenidos porque desde allí se planifica la mayoría de atentados", dijo Arturo Torres, periodista de investigación.

Desde 2020 son los responsables del asesinato de 513 presos en las cárceles y el incremento de muertes en las calles que llegan a los 13 600, en el mismo periodo.

Más que las cifras, alarma la violencia extrema de las ejecuciones que antes en Ecuador no se conocían. Desnudan, decapitan, descuartizan, queman a sus enemigos y los han exhibido colgándolos en puentes, tal y como procede el Cartel Jalisco Nueva Generación en sus venganzas en México.

“El Gobierno se quedó corto en función de que ha sido reactivo. Se ha demorado en entender el fenómeno del narcotráfico”, acotó Torres.

Así, la guerra contra los carteles y aliados ha incidido en la mayor corrupción en los sistemas de justicia y penitenciario, que han sumido al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) en una crisis sin precedentes.

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