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Lo que se sabe de las presuntas violaciones de un conserje a niños en una escuela de Quito
Los padres de los niños, víctimas de violación, piden justicia. El conserje, presunto responsable, fue detenido.
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Imagen referencial de niños.( )
El caso de violación a niños, en una institución educativa particular del norte de Quito, ha provocado indignación y engrosa la cifra, que en 2022 llegó a 4.115 estudiantes víctimas de violencia sexual.
El presunto agresor sería el conserje de la escuela, quien fue aprehendido el pasado 25 de abril de 2023. La Policía lo detuvo e incluso hubo enfrentamientos con los padres que buscaban hacer justicia con sus propias manos.
Ayer, 26 de abril, alrededor de 100 padres de familia realizaron un plantón en los exteriores de la escuela. Denunciaron la inacción del plantel.
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Pese a que lanzaron la alerta en noviembre, recién este martes, la institución educativa informó al Ministerio de Educación que a su vez abrió una investigación que podría derivar en sanciones.
Serían alrededor de 20 las víctimas, pero esa cifra todavía está por confirmarse.
Los padres están indignados por los casos de violación
En un video difundido por la directora del Grupo Rescate Escolar, Sybel Martínez, se escucha una reunión de los padres de familia con las autoridades de la institución.
Se escucha a las mamás reclamar el trato que les han dado durante el proceso de denuncias. "Usted no está prestando atención a la indignación que tenemos", dice la directora.
La autoridad de esa unidad educativa cuestiona que existan pruebas, a lo que las madres responden que sí hay análisis psicológicos.
La institución define cuál será la modalidad para continuar con los estudios, porque hay padres que quieren retirarles. Se evalúa la posibilidad de continuar con estudio virtual o darles el pase de año.
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Según el Ministerio de Educación, las agresiones sexuales van desde las verbales hasta las violaciones y el 90% de las víctimas son mujeres, la mayoría en edades entre ocho y 14 años.
El Ministerio de Educación activa protocolos para atender los casos, como separar al presunto agresor de la institución, en tanto se desarrollan las investigaciones administrativas, que pueden durar hasta tres meses.
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