La Ley de Seguridad Digital se analizó con expertos y técnicos de ocho entidades estatales

Los delegados y expertos de ocho entidades estatales comparecieron, ante la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, para exhibir sus aportes y observaciones en la construcción de la nueva Ley de Seguridad Digital.

Uno de ellos fue Esteban Fuertes, de la Procuraduría General del Estado. Dijo que el proyecto debe contar con una definición de los delitos cibernéticos, procesos de recopilación de pruebas y sanciones específicas. Sugirió incluir a la Procuraduría en el Sistema Nacional de Seguridad Digital. Se podría trabajar por la seguridad de la gente, en lo que respecta a sus derechos en el cyberespacio.

Daniel Montúfar, coordinador técnico de Control de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), planteó la implementación de un Centro de Respuestas a Incidentes Informáticos, como coordinador, a escala nacional, para gestionar y analizar incidentes de este tipo.

El organismo se encargaría de canalizar las amenazas digitales a las entidades públicas, elaborando una red de confianza digital en la que todas las instituciones colaboren, para entregar análisis de vulnerabilidades digitales. Actualmente no se visualiza, en este proyecto, una estructura de cyberseguridad con mecanismos de articulación de acciones.

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La delegada de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), María del Carmen Rodríguez, propuso que la comisión tome en cuenta la reserva de la información, previamente establecida en la Ley de Prevención de Lavado de Activos, para precautelar la no intervención, ni interrupción de las investigaciones en curso.

Marcelo Suárez, del Servicio de Rentas Internas (SRI), alertó que, aunque en el artículo 60 de la normativa se establece que el responsable de la seguridad digital no podrá pertenecer al área de tecnologías de la información de la institución, debe establecerse lo contrario. Aclaró que son precisamente estas áreas las encargadas y conocedoras, por su experiencia diaria, de la barrera de la cyberseguridad de cada entidad.

Julisa Godoy, jefa de Normativa Aduanera del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, planteó que esta ley cree un subsistema de cyberdelitos y norme las actividades protegidas en el sentido de la protección de los derechos humanos de las víctimas de cyberdelitos. A la par, sugirió que se detalle la inclusión de capacitaciones sobre cyberseguridad a los usuarios internos de las instituciones pertenecientes al Sistema Nacional de Seguridad Digital.

Finalmente, los académicos Javier Borja, Mónica Fernández, Luis Enríquez y Daniel Tenorio, brindaron sus aportes a este marco normativo. Entre ellos, solicitaron se considere a la cyberseguridad como oportunidad de desarrollo y generación de empleo.

Según datos del Reporte sobre el Desarrollo de la Fuerza Laboral en Cyberseguridad, en 2023, el 20 % de empresas en la región continuaban completamente en teletrabajo y un 44 % en modalidad mixta, lo que representa una gran posibilidad de empleabilidad para profesionales en seguridad digital. Este informe detalla que, en el Ecuador, entre 515 y 701 mil puestos de trabajo se pierden a razón de que no existen expertos en cyberseguridad, finalizó.

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