La Fiscalía advierte que se pretende liberar a Iván Espinel, condenado a 10 años de cárcel

La Fiscalía General del Estado acaba de confirmar que mediante una acción constitucional se pretende liberar a Iván Espinel, exministro de Inclusión Económica y Social, sentenciado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos.

De la medida que ya ha sido solicitada, y que la Fiscalía califica como un nuevo caso de abuso del derecho, también se podrían beneficiar otros sentenciados en esa misma causa.

Espinel fue funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) durante el régimen de Rafael Correa. En el 2017 fue además candidato presidencial por su movimiento Compromiso Social y en el gobierno de Lenín Moreno fue ministro de Inclusión Social.

Fue sentenciado en 2019 a diez años de cárcel al no poder justificar ingresos extraordinarios.

"Esta Institución, que demostró en las instancias legales correspondientes la responsabilidad del exfuncionario y de los otros involucrados en el delito imputado, rechaza este comportamiento repetitivo, que fomenta la sensación de impunidad ante los actos de corrupción", dice la Fiscalía en un comunicado.

Exfuncionarios del correísmo y el cabecilla de una banda han salido de la cárcel sin cumplir sus condenas

Precisamente este sábado la Fiscalía se quejó de los jueces que liberan a políticos corruptos y criminales peligrosos e hizo un llamado a la Corte Constitucional para que intervenga y frene los abusos de medidas cautelares que permiten que reclusos salgan de las cárceles sin cumplir sus condenas.

"La Fiscalía General del Estado cumple con un trabajo técnico - jurídico para procesar delitos y conseguir que estos no queden en la impunidad. Sin embargo, durante los últimos meses, la sociedad ha sido testigo de la forma en que ciertos jueces han dejado en libertad a sentenciados por delitos graves", se queja el Ministerio Público.

Según la Fiscalía, los jueces que liberan a reclusos antes de tiempo "cuentan con un cobijo a sus decisiones", debido a que el 18 de abril de 2018, el Pleno de la Corte Constitucional emitió la sentencia N° 141-18-SEP-CC con la que "instauró la impunidad de los juzgadores frente al delito de prevaricato al tratarse de decisiones relacionadas con garantías jurisdiccionales.

Y citó que los responsables de aprobar tal sentencia fueron Alfredo Ruiz Guzmán; Francisco Butiñá, Pamela Martínez, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana y Marien Segura, quienes ya no están en la Corte, pero sus decisiones siguen vigentes.