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Un juez determinó que las FF.AA. vulneraron derechos de presos durante las intervenciones carcelarias
El recurso se planteó el pasado 30 de enero de 2024 por el Comité Permanente por la de Defensa de los Derechos Humanos.
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Control de armas, municiones y explosivos dentro del Centro de Privación de Libertad Guayas N 1.( )
El juez Manuel Peña Estupiñán determinó que las Fuerzas Armadas vulneraron los derechos de los presos en las cárceles del país, durante el estado de excepción. Así lo sostuvo en la sentencia emitida tras una acción de habeas corpus, interpuesta por el Comité de Familiares por Justicia en las Cárceles.
El recurso se planteó el pasado 30 de enero de 2024 por el Comité Permanente por la de Defensa de los Derechos Humanos. Allí se sostuvo que a siete privados de libertad se les negó el acceso a medicinas.
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El magistrado también declaró responsable al Estado ecuatoriano "por acción y omisión". Lo primero, porque las FF.AA. incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad de los privados de libertad al someterlos a maltratos que "podrían ser tortura" y deberán ser investigados por la Defensoría del Pueblo.
La responsabilidad por omisión corresponde a la falta de competencia por parte del SNAI para gestionar los centros penitenciarios durante la intervención militar.
Medidas de reparación integral
Una vez determinada la violación de los derechos de los presos, el juez Peña también concedió medidas de reparación integral a su favor.
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En su cuenta X, el colectivo sostuvo que aplicará "todas las vías legales" para hacer efectivo el dictamen judicial que dispone:
1. Atención médica ininterrumpida a las personas detenidas.
2. Seguimiento a su estado de salud mental.
3. La Defensoría del Pueblo deberá investigar en 45 días los actos de tortura que han existido en las cárceles del Ecuador.
4. Exhorto a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
5. El SNAI deberá otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa.
Sobre este último punto, el colectivo aclaró que "las familias no tienen por qué pagar eso".
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