Juan Zapata: "Es hora de que ante amenazas letales, existan respuestas letales de la Policía"

La muerte de seis presuntos delincuentes abatidos por la Policía de Ecuador en cinco casos diferentes, en el transcurso de 30 horas, es una suerte de respuesta al crimen organizado que atenta contra los uniformados y contra civiles.

Así lo aseguró este jueves el ministro del Interior, Juan Zapata, en una rueda de prensa en Guayaquil junto al comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, para informar sobre las últimas acciones contra la delincuencia y el crimen organizado.

El titular de la cartera del Interior afirmó que los seis presuntos delincuentes fueron abatidos por policías "haciendo uso de su arma letal, conforme a la normativa y a la ley vigente en el país".

Zapata, que días atrás había elogiado la ley Naín-Retamal de Chile, llamada también ley del "gatillo fácil", aseguró que los cinco sucesos donde los policías acabaron con la vida de los antisociales se dieron en casos de robos, asaltos a mano armada y sicariatos.

El funcionario también felicitó al policía que mató a dos delincuentes en la Garzota, norte de Guayaquil, cuando estaban cometiendo un robo a mano armada a un ciudadano que había retirado dinero.

"Es un mensaje que va a seguir firme, es el mensaje de la respuesta y la reacción de la Policía. Hay sangre de nuestros policías que se ha derramado, pero nosotros seguimos firme y más fuertes que nunca. La seguridad y la tranquilidad tiene que regresar", apostilló Zapata.

Guillermo Lasso dispone a los militares y policías reprimir la amenaza terrorista con todos sus medios

Esta serie de actuaciones mortales de la Policía se da después de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), el principal órgano asesor del Gobierno en la materia, recomendase el uso de armas letales para enfrentar el "terrorismo" bajo el que el Ejecutivo ha calificado diversas acciones sangrientas del crimen organizado.

Por su parte, el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, indicó que en todo el 2022 solo hubo seis eventos donde policías abatieron a presuntos delincuentes y que desde el inicio de 2023 ya van 30 sin que ningún policía haya sido procesado ante la Justicia.

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Salinas explicó que este incremento se debe al respaldo que sienten ahora los agentes por parte de la Fiscalía y de la Justicia en que no serán judicializados por sus acciones. También por reformas al Código Penal sobre el uso legítimo de la fuerza letal.

"Eso da mayor tranquilidad a los policías ecuatorianos para cumplir con su deber", aseveró Salinas al reiterar que "el procedimiento de la Policía ha sido dentro de su servicio, cumpliendo un deber legal y haciendo el uso proporcional y legítimo de la fuerza".

Las acciones contra la inseguridad en Ecuador también las realizan los miembros de las Fuerzas Armadas una vez que el presidente Lasso acogió la recomendación de declarar al terrorismo como una amenaza contra la estructura del Estado.

Al respecto, el ministro de Defensa Luis Lara declaró que los militares están prestos a anaquilar las amenazas que se presenten, respaldados también en las leyes contra el terrorismo en Ecuador.

Lara dijo que la proclamación del terrorismo como amenaza por parte del Consejo de Seguridad y el decreto presidencial que ordena la actuación de las Fuerzas Armadas contra personas y organizaciones que cometan actos terroristas, tienen fundamento en la Constitución, el Código Penal y normas internacionales en la materia.

El ministro manifestó que el artículo 54 de la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza garantiza la presunción de inocencia y el debido proceso para los policías y militares que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales.

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Lara recordó que en la norma se dispone a los jueces optar por medidas alternativas a la prisión preventiva para que los servidores militares y policiales puedan defenderse en libertad.

Además, el Presidente ha incluido una garantía adicional en su último decreto: para aquellos casos excepcionales en los que se disponga una medida privativa de libertad, se ha ordenando al SNAI, entidad que maneja las prisiones, que garantice la seguridad de los agentes en centros diferenciados.

Adicionalmente, el Gobierno dotará de abogados para defender al personal que se encuentre inmerso en un proceso judicial por la ejecución de operaciones militares en contra del terrorismo.