La investigación contra 16 militares por la desaparición de cuatro menores podría ser cambiada a ejecución extrajudicial

La Fiscalía General del Estado investiga por el delito de desaparición forzada a 16 militares que participaron de la detención de cuatro menores de edad en Guayaquil el pasado 8 de diciembre, cuyo paradero se desconoce después de ser liberados en la parroquia Taura de Naranjal esa noche.

El martes 24 de diciembre fueron hallados cuatro cuerpos calcinados en el recinto Casa de Zinc de esa zona rural. Si estos restos humanos corresponden a los hermanos Josué e Ismael Arroyo, de 14 y 15 años y sus amigos Saúl Arboleda, de 15 y Steven Medina de 11 años, se plantearía un delito de ejecución extrajudicial.

Así lo asegura Abraham Aguirre García, defensor del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, organización que patrocina a las familias afectadas.

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"Podría variar el tipo penal si se determina que los cuatro cuerpos trasladados al anfiteatro (Laboratorio de Medicina Legal) son los niños desaparecidos", afirmó.

Este delito es descrito en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) como la privación de la vida de una persona ejecutada por un agente del Estado que, de manera deliberada, en el desempeño de su cargo o mediante la acción de terceras personas que actúen con su instigación y se apoye en la potestad del Estado para justificar sus actos. Contempla una pena de 22 a 26 años de cárcel.

El anuncio del hallazgo de los cuerpos se produjo casi simultáneamente a la audiencia en la que la jueza Tanya Loor aceptó la demanda de hábeas corpus presentada por las familias de los menores desaparecidos el 8 de diciembre en el sur de Guayaquil.

Tras una diligencia de ocho horas, la magistrada reconoció como víctimas de desaparición forzada a los cuatro menores. También determinó la vulneración de varios derechos fundamentales de los menores e instó al estado a tomar medidas urgentes para investigar el caso y garantizar la reparación integral a las familias.

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La resolución fue emitida en el Complejo Judicial Florida Norte, en Guayaquil, adonde acudieron familiares de los menores y representantes del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos.

Como parte de la investigación por desaparición forzada, la Fiscalía General del Estado mantiene la investigación en etapa reservada, y ha solicitado que se fije una fecha para formular cargos contra 16 militares, por su presunta participación en el hecho. Se espera que este jueves un juez de la Unidad Judicial Sur de Guayaquil establezca el día.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ponga bajo custodia a los militares involucrados para minimizar el riesgo de fuga, aunque aún no se ha confirmado si han sido detenidos.