Human Rights Watch denuncia violaciones a los derechos humanos por militarización en calles de Ecuador
El informe de HRW habla de "palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios".
- Fotografía de archivo de militares ecuatorianos en un operativo de control de armas en medio del toque de queda, por las calles de la capital de Ecuador.( )
Los diferentes estados de excepción contra el crimen organizado decretados en Ecuador por su presidente, Daniel Noboa, en los que ordenó el despliegue de militares en calles y cárceles, produjeron "serias violaciones de los derechos humanos" por parte de las fuerzas de seguridad, según el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch (HRW).
Este estudio concluyó que las medidas del Gobierno ecuatoriano para aplacar la ola de violencia criminal, entre ellas la declaración de un "conflicto armado interno" en el país, se realizaron "sin aportar información suficiente que justifique la existencia de uno o más conflictos armados no internacionales", como argumentó el Tribunal Constitucional de Ecuador.
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La presidenta de HWR para las Américas, Juanita Goebertus, explicó a EFE que "los informes de la propia Fiscalía hablan de más de 200 casos denunciados por excesos en el uso de la fuerza, 80 casos de tortura, por lo menos 8 casos de desapariciones forzadas y 15 ejecuciones extrajudiciales".
El documento apunta que "los militares mantienen incomunicados a muchos detenidos durante largos periodos, obstruyendo el acceso a abogados y atención médica" además de "palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y homicidios".
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Estos casos levantaron la preocupación de jueces y organizaciones en defensa de derechos humanos como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que expresó su inquietud por "las condiciones inhumanas de los reclusos, incluida la escasez de comida".
En febrero, según reseña HRW, un magistrado dictaminó que los militares ponían en riesgo a los detenidos y que las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones, por lo que ordenó atención médica y una investigación sobre tortura.
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