Dos hombres son procesados por el presunto tráfico de migrantes en Latacunga
Los procesados habrían pedido USD 16 500 a la víctima para acompañarlo durante todo el viaje, hacerle cruzar las fronteras hasta New Jersey (Estados Unidos), alojarlo en la casa de la hermana de uno de ellos y ayudarle a obtener de un trabajo.
Mario Z. y Freddy Ch. permanecerán bajo prisión preventiva mientras avanza la investigación en su contra por el presunto tráfico ilícito de migrantes. El juez a cargo también dispuso la retención de sus cuentas bancarias y la prohibición de enajenar bienes por USD 16 500.
Este último monto sería el que cobraron a Víctor C. a cambio de llevarlo a Estados Unidos y encontrarle un trabajo. No obstante, el ciudadano jamás logró llegar a Norteamérica; fue abandonado en la frontera, donde le quitaron todas sus pertenencias y finalmente permaneció en prisión cuatro meses.
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Al volver a Ecuador, en marzo de 2023, puso la denuncia que permitió la Fiscalía iniciar la investigación previa y practicar diligencias, además de solicitar informes a la Unidad Nacional de Investigación Contra La Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
A Víctor C. le ofrecieron conseguir el 'sueño americano'
Víctor C., tenía una tienda de abarrotes con su esposa, en Latacumga, provincia de Cotopaxi. Allí conoció a Mario Z., un agente vendedor de una empresa, a quien le comentó sobre unos problemas económicos que estaba atravesando.
Mario Z. le ofreció ayuda para emigrar ilegalmente a los Estados Unidos, ya que se dedicaba a esa actividad, y le aseguró que le brindaría acompañamiento durante todo el viaje. Este sería vía terrestre, aérea y marítima, con la colaboración de Freddy Ch.
Acordaron un pago de USD 16 500, que comprendía la guía y acompañamiento durante todo el viaje, el cruce de fronteras hasta New Jersey (Estados Unidos), alojamiento en la casa de una hermana de Mario Z. y la obtención de un trabajo. Víctor C. decidió aceptar la oferta y, tras una reunión en su domicilio, pagó USD 8 000 a Mario Z. y Freddy Ch.
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El 7 de septiembre de 2022, el hombre fue al aeropuerto de Quito, donde le esperaban los ahora procesados junto con otros migrantes para abordar un vuelo hasta Bogotá.
Al día siguiente, mientras Víctor C. viajaba a los Estados Unidos, Mario Z. se dirigió hasta la tienda de abarrotes del denunciante para cobrar USD 5 000 más a su esposa. Pero esta no fue la única ocasión, el hombre regresó en varias ocasiones para solicitarle nuevos depósitos.
Según la denuncia, el 27 de septiembre de 2023, Freddy Ch. entregó a los migrantes a un coyotero. Todos abordaron un bote y luego de 18 horas de viaje, llegaron a Tapachula, en México. Allí, otro coyotero, con el rostro cubierto, los habría trasladado hacia la frontera con Estados Unidos; sin embargo, ahí los abandonó.
Víctor C. contó que fue detenido por la Policía de Migración de México, donde le despojaron de todo su dinero para dejarlo seguir. Luego, al no saber a dónde ir y sin dinero, se entregó a Migración de los Estados Unidos y permaneció encarcelado por cuatro meses.
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Luego de conocer la denuncia e iniciar la investigación previa, Fiscalía practicó varias diligencias y solicitó informes a la Unidad Nacional de Investigación Contra La Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes.
Los dos sujetos fueron detenidos
Tras la denuncia, Mario Z. y Freddy Ch. fueron detenidos en un operativo liderado por Fiscalía, la madrugada del 9 de mayo en Ambato.
A partir de ello, la Fiscalía recopiló información relacionada con el proceso de detención y deportación del denunciante, documentación de los créditos obtenidos para pagar a los coyoteros, comprobantes de depósitos y transferencias, así como movimientos migratorios, entre otros. Todos estos elementos de convicción fueron presentados en la audiencia de formulación de cargos.
De ser hallados culpables del delito de tráfico ilícito de migrantes, los sujetos podrían enfrentar una pena privativa de libertad de entre 7 y 10 años. Sin embargo, según especifica el Código Orgánico Integral Penal, las condiciones de este delito podrían llevar a una pena de hasta 26 años de cárcel.
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