26 dic 2024 , 19:10

El ministro de Defensa niega que militares actúen "en gavillas para secuestrar y desaparecer menores"

Gian Carlo Loffredo reconoció que la patrulla militar que detuvo a cuatro adolescentes en Guayaquil ni siquiera informó a sus superiores del procedimiento.

   

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, criticó este jueves 26 de diciembre que se intente posicionar entre los ecuatorianos "que los militares son unos locos que salen en gavillas (...) para secuestrar y desaparecer menores". El funcionario ofreció estas declaraciones en una entrevista en Radio Centro, en la que se refirió a la desaparición de cuatro adolescentes el 8 de diciembre, tras ser detenidos por un grupo de uniformados de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en el sur de Guayaquil.

Loffredo reconoció que el grupo de agentes cometió una serie de errores en su procedimiento, pues, entre otras inconsistencias, la patrulla no informó a sus superiores sobre la detención de Ismael y Josué Arroyo Bustos (15 y 14 años, respectivamente), Nehemías Arboleda (15 años) y Steven Medina (11 años).

Lea también: La Fiscalía allanó la Base de Taura por la desaparición de cuatro menores y el ministro de Defensa confirma que una patrulla militar los detuvo

Reiteró que, según lo reportado por los 16 uniformados implicados, los militares fueron testigos de un robo a una mujer. De acuerdo a lo señalado por los agentes, eran ocho los supuestos ladrones, pero detuvieron a tres y un cuarto individuo fue entregado a la patrulla por un ciudadano. Esos cuatro aprehendidos serían los adolescentes hoy desaparecidos, sin embargo, el ministro señaló:

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Nada de lo que hayan hecho los chicos justifica que hoy estén desaparecidos.

Los uniformados, según las primeras versiones, trasladan a los menores hacia la zona de Taura (Naranjal), a unos 38 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de la FAE y donde se pierde totalmente el rastro de los menores.

Tanto el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas como el Ministerio de Defensa han señalado que los adolescentes no ingresaron a la base militar. Loffredo, de su lado, precisó que los militares liberaron a los menores en Taura.

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Yo no voy a encubrir a nadie y las personas responsables tendrán que pagar por sus errores, pero también no pagar por los errores que no han cometido.

El 19 de diciembre, el padre de Ismael y Josué informó a Ecuavisa que uno de sus hijos lo había llamado. Adicionalmente, en esa misma comunicación, un hombre le dijo que vaya a verlos.

La familia, desesperada llamó a la Policía Nacional, dio el número y, al poco tiempo, recibió otra llamada de ese hombre desconocido quien advirtió que casi lo meten preso, que por qué habían avisado a las autoridades y que la mafia se habría llevado a los pequeños. Desde entonces, no se supo más de los adolescentes.

Sobre lo descrito por el hombre, el ministro Loffredo cuestionó que los esfuerzos de los padres no se hayan enfocado en esa última persona que vio y habló con los menores, sino que se haya apuntado contra los militares.

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Si fuera un hijo suyo el aprehendido, y reciben una llamada, y les dicen que los militares los soltaron y que están prestando un teléfono, y luego esa persona les envía a ustedes ubicación y les dice que se los llevó la mafia, ¿donde pondrían todo su enfoque, en la última persona que estuvo con sus hijos o en las personas que su propio hijo le dijo que los soltaron?

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga este caso como un delito de desaparición forzada. Los 16 militares implicados en este proceso están bajo custodia militar y enfrentarán la audiencia de formulación de cargos el 31 de diciembre.

Revise además: 16 militares enfrentarán audiencia de formulación de cargos el 31 de diciembre por la desaparición de cuatro menores en Guayaquil

De su lado, una jueza de Guayaquil otorgó el martes 24 de diciembre un habeas corpus instructivo a favor de los padres de los menores. Con ello declaró la desaparición forzada de los adolescentes bajo la responsabilidad de Estado ecuatoriano. Entre otras decisiones, la magistrada ordenó a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos que cree una comisión para que investigue el caso a la par de la FGE, con el objetivo de que se ofrezca una respuesta sobre lo ocurrido.

El caso ha conmocionado al país, que además espera que se identifiquen los cuatro cadáveres hallados en la zona de Taura el mismo 24 de diciembre. Los cuerpos estaban incinerados y deben ser sometidos a análisis técnicos para comprobar su identidad.

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