Los familiares de los periodistas asesinados de El Comercio buscan reunirse con Daniel Noboa

En este martes 26 de marzo de 2024 se cumplen seis años del secuestro de los integrantes del equipo periodístico de diario EL COMERCIO en Mataje, una localidad fronteriza ubicada en la provincia de Esmeraldas, norte del Ecuador.

Los amigos y familiares del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra organizaron un plantón para mañana, a las 11:00, en la Plaza de la Independencia, al pie del Palacio de Carondelet, para exigir la verdad y justicia. También por los desaparecidos y las personas que sido encontradas sin vida.

Galo Ortega, papá de Javier, pidió al presidente Daniel Noboa Azín que les conceda una reunión para explicarle todo lo que han vivido y no han tenido respuestas. Recordó que el expresidente Guillermo Lasso Mendoza no cumplió su palabra y jamás desclasificó la documentación del caso como lo ofreció en la cadena internacional CNN. "Nada ha cumplido", expresó a Ecuavisa.com.

Ricardo Rivas es hermano de Paúl y ratificó que Lasso y Lenín Moreno Garcés les engañaron en los últimos seis años. El objetivo es que se desclasifiquen las actas 18, 19 y 20 que contienen las tres reuniones que mantuvo el Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), máximo organismo de seguridad del Estado cuyos encuentros son de carácter reservado.

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En esos documentos -sostienen los familiares de las víctimas- se encuentra el audio que se viralizó en diciembre del 2018, y se escucha a Moreno: “Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.

Y agregó: “Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va bastante más allá de la vida de una o de unas pocas o de algunas personas. Con todo respeto para la vida de ellas, pero yo creo que la dignidad de un Estado va bastante más allá de eso. Por favor, les voy a rogar que den sus opiniones...”.

Ahora, el problema es que los familiares de Ortega, Rivas y Segarra no pueden acceder a esos documentos. "Hicimos un requerimiento y tuvimos una respuesta, el año anterior, de la Secretaría de Seguridad. Esta indicó que no es factible desclasificar esa información porque las actas son secretas. Según la ley, secreto significa que deben permanecer 10 años en custodia y en ese tiempo se puede liberar la información", expresó Ricardo.

También ya se realizó, en noviembre del año pasado, la audiencia en la Corte Constitucional (CC) con las familias y representantes del Estado para determinar cuales fueron las graves violaciones a los derechos humanos y se pueda desclasificar las actas 18, 19 y 20. Se conoce que el informe está en conocimiento del Pleno de la CC y se espera una respuesta, apuntó Rivas.

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