La entrega de las actas incompletas ahonda más la incertidumbre sobre el secuestro y muerte de Javier, Paúl y Efraín

Por disposición de la Corte Constitucional (CC), el Ministerio del Interior desclasificó actas 18, 19 y 20 que tratan sobre el secuestro y muerte del equipo periodístico de El Comercio. No obstante, esos documentos están incompletos. Faltan páginas, se oculta información relevante y no aparecen las diapositivas que los oficiales de la Unidad Antisecuestro y Extorsión de la Policía Nacional (Unase) expusieron durante las reuniones del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), entre marzo y abril de 2018.

Los familiares del reportero Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra buscan respuestas y analizan qué medidas van a tomar junto a su equipo de abogados. Hay molestia por la falta de seriedad de las autoridades. Los cortes de páginas se dan en los puntos donde se comienza a revelar información sensible del caso. Por ejemplo, el acta 20 se corta cuando se expone el chat entre Guacho y el negociador del Gobierno. Ocurre en el momento que el narcotraficante les dice que por culpa de las autoridades los periodistas fueron asesinados.

Por ese tipo de inconsistencias, los familiares de los periodistas y sus abogados presentaron un escrito en la CC, a mediados de mayo, indicando su inconformidad por no acatar la sentencia de forma integral. También hicieron dos pedidos. Uno es que se vigile el cumplimiento de la resolución y en otro solicitan una audiencia con los jueces de la CC para explicarles por qué "nosotros creemos que hay un incumplimiento y las causas de nuestra inconformidad con la desclasificación de las actas", expresó Ricardo Rivas Bravo, hermano de Paúl, a Ecuavisa.com.

Enfatizó que su lucha no es política y no tiene nada en contra del Gobierno de Daniel Noboa Azín, pero la Corte Constitucional debe obligarles a cumplir lo que señala la sentencia. Su abogado, Juan Pablo Albán, con base en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y la Constitución de la República, señala que incluso podrían darse destituciones por no acatar lo dispuesto por la CC.

Sin embargo, aclaró que su intención no es pedir la salida del ministra del Interior, Mónica Palencia Núñez, sino que la información se entregue completa. Por ahora, se ha seguido el canal institucional regular. Como ya hubo una sentencia de la CC, se recurrió al marco del proceso de supervisión del cumplimiento para indicar que lo entregado no tiene inconsistencias. "Y le pedimos a usted, como tribunal que ordenó la entrega de la documentación, que haga una verificación directa".

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La Corte tendrá que determinar cuál es el procedimiento, si va a delegar a alguno de sus integrantes para este trabajo o si va a disponer que se conforme una comisión con representantes de la Corte, el Gobierno Nacional y alguien de las víctimas.

Albán señaló que el procedimiento de levantamiento de la reserva o secreto de documentos es un muy nobel. Solamente se han dado tres casos. En el primero fue rechazado por cuestiones formales, el segundo justificó una desclasificación parcial de documentación y el tercero hace referencia a lo que pasó con los periodistas de El Comercio.

En ese contexto, la CC dice que el Estado no puede arbitrariamente declarar secreta o reservada la información sin motivar o justificar, de manera documental, cómo fue el proceso para tomar esa decisión. "En este caso es notable que el Estado ecuatoriano, a la Corte, no le pudo justificar que en algún momento había declarado el secreto. No hay los papeles que declaran la reserva".

Ya se le ha entregado una copia de la información a la secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace dos semanas. El organismo internacional les indicó que, a partir de esto, le hará un requerimiento de datos actualizados al Estado ecuatoriano y abordará el hecho de que se haya entregado documentación parcializada.

"Estaremos atentos a lo que la Comisión Interamericana vaya a decidir en el seguimiento de uno de los resolutivos de la medida cautelar que en su momento se dio, que tiene que ver con la investigación diligente de los hechos", acotó Albán.

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A su juicio, en Colombia se han dado avances más significativos en las investigaciones y los trámites. Por ejemplo, ya hay dos personas sentenciadas y hubo recién la imputación, la formulación de cargos a otro individuo. Se trata de los autores materiales del hecho. Y además hay un proceso contencioso administrativo para la determinación de la responsabilidad objetiva del Estado; es decir, la culpa que le cabe al Estado por el desenlace de muerte.

En tanto, los familiares continúan esperando que se haga justicia. En una pequeña bolsa de tela, Galo Ortega atesora la credencial de su hijo, Javier . El carné fue encontrado junto al cadáver del joven reportero y sus compañeros en un sector de la espesa selva que marca límites entre Colombia y Ecuador, el 22 de junio de 2018.

Los soldados colombianos desactivaron siete trampas explosivas para acceder a las fosas en donde se encontraban los cuerpos y sacarlos de allí. En medio de ese escenario estaba la credencial de Javier que ahora guarda su padre y la lleva como un amuleto a todas las competencias atléticas en las que participa. "Siento que mi hijo siempre está conmigo y me acompaña a partes. En nuestro hogar pasa lo mismo, nunca se ha ido de aquí".

En su casa, también guarda las fotografías, reconocimientos y placas que su hijo recibió a lo largo de su carrera profesional. También las actas 18, 19 y 20, a las que les falta páginas e información. Lo que sí está claro -afirma- es que las actas desclasificadas están incompletas y recortadas, lo cual ahonda más la incertidumbre.

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En el acta número 20 se documenta que eran las 10:30 del martes 17 de abril de 2018 cuando se realizó la sesión extraordinaria de Cosepe en el Palacio de Carondelet. En el país había conmoción porque, cuatro días antes, el presidente Lenín Moreno Garcés confirmó el asesinato de Ortega, Rivas y Segarra, en manos del frente Oliver Sinisterra, liderado por Walter Arízala Vernaza, alias Guacho.

En esa reunión del máximo organismo que asesora al primer mandatario en situaciones de emergencia nacional se percibía un ambiente de mucha preocupación porque las disidencias de las FARC ya habían secuestrado a Óscar Villacís y Katty Velasco, quienes también fueron asesinados posteriormente. Tras constatar el quorum y aprobar el orden del día, el coronel Polivio Vinueza y el capitán Franklin Cruz, director y oficial de la Unase, comenzaron a exponer los mensajes que habían recibido de parte de Guacho, en un chat, en las últimas horas.

Con lenguaje soez, el narcotraficante pedía que Moreno se retracte públicamente de sus declaraciones. "Sus requerimientos no son más que maricadas de una persona negligente, usted hizo matar a los periodistas, no se olvide", dice uno de los mensajes que Guacho escribió al negociador del Gobierno Nacional (Maldonado) y que consta en la página cuatro del acta 20.

Ahí se da la primera inconsistencia en la entrega de la información, pues la hoja número cinco no aparece y en la seis se oculta la información. Solo aparece, al final, un cortísimo extracto de las declaraciones del exministro del Interior, César Navas Vera, quien dice: "aquí hay otro contexto importante el día miércoles es que se recibe en el caso de los periodistas la nota donde decían que habían sido asesinados".

Para Ricardo Rivas, hermano de Paúl, en esta acta se revela un dato importante. En diciembre de 2018, nueve meses después del secuestro, un medio digital difundió un audio del Cosepe en el que Moreno dijo: “Muchísima pena por todas aquellas muertes que puedan venir después de esta situación, pero creo que estamos claros de que nosotros no podemos tener un Estado arrinconado”.

Luego de que esa grabación se viralizara en Internet y varias plataformas de redes sociales, Moreno indicó, en enero de 2019, que se difundió información distorsionada, sacada completamente de contexto, puesto que él jamás manifestó que no se debió hacer nada con respecto a la liberación de los periodistas. E​​​​n la página 8 aparece lo que dijo el expresidente. "Yo creo que el principio elemental de dignidad de un pueblo, de una ciudadanía, de un Gobierno y de un Estado va más allá que la vida de una o de unas pocas o de algunas personas".

Para el exprimer mandatario se acabó el tema con Guacho y no estaba dispuesto a ceder un paso más porque se trata de un criminal y narcotraficante que no cumple los compromisos. A su juicio, el líder del frente Oliver Sinisterra solo buscó ganar tiempo para acomodarse mejor en la zona de frontera y seguir con sus operaciones delictivas.

El reporte se corta en la página 11 durante la intervención del exfiscal Carlos Baca Mancheno. Con mucho nerviosismo, el funcionario expuso que, en abril de 2018, a la esposa alias Gerald, conocido como el Pablo Escobar ecuatoriano, le concedieron un recurso de habeas corpus y quedó en libertad. Añadió que hay presunciones fuertemente asentadas que de que Guacho sería uno de los brazos armados de Gerald. "En una resolución de habeas corpus decide que no se les debe procesar sino por la vía ordinaria y que se les debe procesar en libertad, para garantizarles sus derechos en el debido proceso".

Acotó que se estaban haciendo varias investigaciones que incluían la interceptación de llamadas telefónicas. "Estamos haciendo escuchas en estos casos. Aparecen sospechas de que podrían haber policías vinculados a esta estructura, militares, es decir, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando?".

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El acta 20 no tiene las páginas 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Se corta justo en la intervención del exfiscal Baca y luego pasa a la 18 cuando termina de hablar Jorge Costa, secretario de Inteligencia. Menciona que se necesitan aviones de control con infrarrojos y demás equipamiento para controlar la frontera como interceptación satelital.

Luego intervienen Navas y el ministro de Defensa Patricio Zambrano, quien también hace referencia a las adquisiciones tácticas que se han realizado, pero en la página 19 también se corta y no hay más información. No hay el número de hojas que tiene el reporte completo.

Al acta número 19 le faltan 17 hojas, pues se salta de la página 2 a la 19. Tampoco aparece la presentación con diapositivas que utilizó el entonces ministro del Interior. Apenas habla de los delitos que se producen en el entorno mundial y regional como trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, propiedad intelectual, tráfico de estupefacientes, armas y explosivos, así como lavado de activos.

En hoja 19 se indica que se detuvo a 14 personas de organización criminal de alias Guacho. En la misma se tapa la información y solo dejan un párrafo pequeño al final en el que se explica que estuvo 11 años en las FARC y es un cabecilla especializado en temas de explosivos.

Se habló de que no hay presencia del Estado colombiano en la zona de frontera, lo cual motiva a que estas agrupaciones irregulares operen con mayor soltura. También de que uno de los pedidos de Guacho era que el Estado retire los controles militares y policiales y lo deje maniobrar. Solicitó que se libere al brazo operativo de su organización criminal. Nunca pidió dinero a cambio de la liberación de los periodistas y el conductor.

En la página 21, Navas se menciona que los periodistas "trataron de buscar la exclusividad de la nota, los contactaron y trataron de ingresar de forma...". Luego interviene Patricio Zambrano, entonces ministro de Defensa: "Se presume, como acaba de decir César, que hubo un contacto por parte del grupo armado y que les llevaron hacia allá y los detuvieron".

Navas también explicó a Lenín Moreno que, con los antecedentes del caso, este no se iba a resolver en una semana o un mes, sino que es una situación que también dependería de la coyuntura política y las elecciones en Colombia. "Pero sin duda alguna, señor Presidente, hay que estar planificando esto a años, no meses". El acta 19 termina en la página 33 durante la intervención de Gustavo Jalkh y se desconoce el número real de hojas que tiene ese documento.

El acta 19 no tiene las páginas 10, 11 y 12. Habla Polivio Vinueza, entonces director de la Unase, quien dice que "siempre se habló con la familia de que nosotros manejamos la posibilidad de un rescate por la situación del terreno y todo, pero eso sería previa la autorización de los familiares". En esta también se desconoce el número real de páginas porque se corta en la 14 cuando interviene Baca Mancheno, quien sugiere que si se va a incluir a Guacho en la lista de los Más Buscados , que eso no aparezca como una respuesta tardía y que no vayan a decir cómo lo van a poner en esa lista si no está en Ecuador, sino en Colombia.

En la misma hoja se tapa información. Lo mismo en la 13.

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