En Colombia condenan a quien se hizo pasar por abogada de Fernando Balda e investigan a la fiscal del caso de secuestro

Casi 11 años después del secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda Flores en el norte de Bogotá, se ha tomado una decisión trascendental en el caso contra la abogada Judy Ospina Guzmán y la fiscal Consuelo Montañez Dueñas.

Según las autoridades colombianas, durante el proceso judicial contra los responsables del secuestro, la fiscal Montañez habría "reclutado" a la abogada Ospina para que se hiciera pasar como defensora del exasambleísta Balda durante el proceso judicial y la audiencia de formulación de cargos.

Sorprendentemente, Ospina no presentó oposición y aceptó una condena por "secuestro simple", a pesar de que el delito cometido estaba tipificado como "secuestro agravado".

Todo esto ocurrió, al parecer, con el propósito de beneficiar a los secuestradores, entre los cuales se encontraba un suboficial del Ejército Nacional de Colombia.

Por este caso, en Ecuador el exjefe de Inteligencia Pablo Romero fue condenado a nueve años de cárcel al haber sido encontrado culpable de haber ordenado el secuestro de Balda, quien siempre responsabilizó de aquello al expresidente Rafael Correa.

Sin embargo, Pablo Romero salió de prisión el pasado 22 de marzo tras beneficiarse de una medida cautelar concedida por un juez, lo que causó la indignación y el rechazo de Balda.

En relación con estos hechos en Colombia, la revista Semana informó que el Juzgado 61 Penal de Bogotá ha declarado a la abogada Ospina Guzmán responsable del delito de falsedad ideológica en documento público agravado.

El juzgado indicó que actuó como copartícipe y utilizó un documento falsificado en dos eventos, en un concurso homogéneo y sucesivo, de acuerdo con las argumentaciones presentadas.

Como resultado, se ha dictado una sentencia que condena a Ospina Guzmán a 45 meses (3 años) y 10 días de prisión, además de inhabilitarla para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo período de la sanción privativa de la libertad. Es importante destacar que la abogada aceptó los cargos durante el proceso.

No obstante, el juzgado ha otorgado la suspensión condicional de la ejecución de la pena privativa de la libertad a Judy Mónica Ospina Guzmán, por un período de prueba de dos años.

Esta suspensión está sujeta a la constitución de una caución prendaria (depósito de dinero o póliza de garantía) equivalente a un salario mínimo mensual legal vigente y a la suscripción de un acta de compromiso. En caso de incumplimiento de estas condiciones, la sentencia se ejecutará, es decir, ella irá a prisión.

Por su parte, la Fiscalía General de Colombia ha iniciado una indagación contra la fiscal Alexandra Montañez por los presuntos delitos de prevaricato por omisión agravado y fraude procesal.

Es que Ospina era abogada de los secuestradores, pero por una supuesta sugerencia de la fiscal Montañez, ella pasó a fingir que era la abogada de Balda.

El 24 de septiembre de 2014 la funcionaria pública le indicó a Ospina que sus clientes podrían tener un acuerdo más benigno, por el cual podrían recibir una pena de 48 meses de prisión, pero para eso era necesario que “algún profesional del derecho” asumiera la representación judicial de la víctima de ese delito.

Y ante esta situación, “el abogado Francisco Artunduaga Bedoya recibió la defensa de los procesados, por solicitud de la abogada Ospina, mientras que ella se presentó en el proceso como apoderada de Fernando Balda y respaldó el nuevo consenso, pese a que este último nunca la facultó para ello, ni tuvo contacto con ella”, dice la Fiscalía.

Fernando Balda Flores es un político ecuatoriano que fue partidario de Alianza País del expresidente Rafael Correa y posteriormente se convirtió en un opositor a su gobierno.

Fue secuestrado en Bogotá el 13 de agosto de 2012, cuando fue interceptado por varias personas y obligado a subir a una camioneta. Durante su secuestro, fue arrojado al suelo desde el vehículo en movimiento mientras los secuestradores huían de la Policía.

Balda ha denunciado que fue secuestrado por agentes de inteligencia de Ecuador y ha señalado la presunta complicidad de altos funcionarios colombianos que respondían a directrices del Gobierno de Correa.