Ecuador, territorio narco: capítulo Manabí y Santa Elena

La presencia en el país de tres organizaciones criminales transnacionales a través de bandas locales ha convertido a Ecuador en el tercer exportador de droga del mundo.

Aquí operan tres mafias con tentáculos en varias naciones:

- Cartel de Sinaloa: instalado en Ecuador desde 2009 y aliado a Los Choneros.

- Cartel Jalisco Nueva Generación: inmerso en el territorio nacional desde 2020, quienes reclutaron a los exchoneros: Los Lobos y Los Tiguerones.

- Mafia albanesa: inició su operación criminal en el país en 2014 y vinculada con la banda R7.

Todos estos grupos financian y se disputan a muerte las rutas para el traslado del alcaloide por vías aérea y marítima.

Manabí, por ejemplo, es parte del corredor del tráfico internacional de droga.

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Los carteles de Jalisco, Sinaloa y la mafia albanesa compran el alcaloide a bandas colombianas y luego la trasladan desde ese país a Ecuador por la frontera norte, a través de Esmeraldas.

Desde aquí, con ayuda de grupos locales, una parte de la cocaína se envía por tierra a Manabí, donde el tráfico internacional "mayoritariamente" es por vía marítima.

Otra parte llega por carro a Guayas, donde la mercancía ilícita sale en contenedores a través de los puertos.

Sin embargo, también se envía droga hasta Santa Elena, desde donde es exportada por avionetas y aviones.

La mayoría de envíos desde esas provincias son a EE.UU. y Europa.

La red de distribución de droga es ejecutada por pequeños carteles ecuatorianos que también se dedican al sicariato en medio de una guerra sangrienta que solo en 2022, según datos de la Policía Nacional, ha dejado más de 2.000 muertes (en todo el país) por la lucha del territorio para el expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

Desde mayo de 2021 a la fecha se ha desfinanciado a estas mafias con un decomiso histórico de 300 toneladas de droga, 80 toneladas precursores químicos para elaborar cocaína, además de la intervención en casas de narcotraficantes.

El alcaloide decomisado, las viviendas que pasaron a manos del Estado y los precursores químicos aprehendidos se han cuantificado en aproximadamente 19 000 millones de dólares.