Ecuador bajo ataque: ¿es posible frenar la crisis de inseguridad, a largo plazo, con los militares en las calles?

Tras cumplir 47 días como presidente de la República, Daniel Noboa Azín, suscribió su primer decreto de estado excepción por 60 días, a escala nacional, por grave conmoción interna. Asimismo, reconoció un conflicto armado interno y los grupos terroristas son objetivos militares.

Esa medida ha comenzado a dar resultados -según el Régimen- y los homicidios han disminuido de forma significativa. En una entrevista, la ministra de Gobierno y del Interior (e), Mónica Palencia Núñez, dijo que a inicios de año manejaba una proyección de 512 homicidios intencionales, de acuerdo a la tendencia, y llegó a 299 eventos al 14 de enero. El promedio que se registraba cada siete días de 29 casos, ahora pasó a 14.

¿Esas cifras a la baja se mantendrán a largo plazo o solo mientras dure el estado de excepción? ¿Tener a los militares en las calles frenará la violencia?

El analista Gustavo Gaytán dijo a Ecuavisa.com que el presidente Noboa está aplicando el modelo de seguridad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele Ortez, con el Plan de Control Territorial que luchó, de forma directa, contra las pandillas y redujo las muertes violentas.

Para el experto, las raíces de la inseguridad se han profundizado tanto en Ecuador que será difícil que el país vuelva a ser una "isla de paz" como antes. Declarar la guerra a los narcos es parte de un show mediático. El sicariato, vacunas y amenazas se han expandido en tiempo récord y son parte de un tema estructural que no se podrá erradicar con simples medidas represivas de las fuerzas del orden.

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Otros analistas consideran que el Estado de Excepción es una medida repetitiva que no ha dado resultado en otras administraciones gubernamentales.

De hecho, Guillermo Lasso Mendoza la implementó en 22 ocasiones durante su periodo (mayo 2021-noviembre 2023). De ese número, la mitad fue para enfrentar la violencia, pero el problema en las cárceles no fue erradicado. El exmandatario repitió varias veces que se había retomado el control de los centros penitenciarios, pero tiempo después ocurría lo mismo y nunca tuvo una fórmula para salir del problema.

De igual, forma el número de muertes violentas se disparó a niveles alarmantes. Según el portal de estadística alemán Statista que fueron difundidos por la agencia EFE, la tasa de homicidios por cada 100 000 habitantes aumentó en un 300 % en 2023, al lograr un récord histórico de 7 878, de los que solo se resolvieron 584.

Para el constitucionalista Jorge Sosa, con el Estado de Excepción no hay garantías de que se vuelva a tener seguridad fuera y dentro de los centros de rehabilitación social. El problema radica en que, pese a todos los esfuerzos, los presos vuelven a conseguir armas, celulares y demás cosas prohibidas dentro de los recintos penitenciarios.

Considera que se debe reestructurar el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) e instalar equipos de alta tecnología que detecten que ingreso de artículos prohibidos, así como cámaras y centros de monitoreo. "Caso contrario, vamos a seguir con una medida que después de 90 días vuelve la misma situación de corrupción".

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Una prueba de ello -acota el experto- es que si alias Fito, líder de Los Choneros, no se fugaba de prisión, la situación seguiría igual como antes del 9 de enero. Por eso, las actuales medidas del Gobierno no tendrán efecto a largo plazo. "Pueden bajar los índices de delincuencia por un tiempo, lo cual es normal, pero luego se vuelve a lo que estaba antes. Lo que requiere la ciudadanía son medidas que perduren".

El catedrático Gustavo Chiriboga opina que, en varios dictámenes, la Corte Constitucional (CC) se ha señalado que el problema de cárceles e inseguridad es de carácter estructural y no pasa por el decretar estados de excepción o pedir apoyo de las Fuerzas Armadas. Se debe trabajar en políticas públicas, crear normativas.

En ese contexto, asegura que la CC no debería dar paso el estado de excepción porque en varios dictámenes se ha dicho que no es una medida eficaz. Otro inconveniente es que el presidente lo haya decretado por 60 días, pero la Constitución dice que deben ser solo 30 y luego renovar un mes más. "Está agotando el tiempo ordinario y la prórroga. Además, la CC ha señalado que el toque de queda debe aplicarse en sectores específicos. No es posible hacerlo de forma general, no es posible y debe delimitarse".

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