El ECU 911 solo trabaja con 3 606 cámaras, de 5 633 que tiene instaladas en Ecuador

Del ECU 911 se ha hablado en los últimos meses a raíz de la pugna entre el gobierno y los municipios por el control de las cámaras.

En los hechos, el ECU 911 está trabajando con equipos viejos de fabricación china que no permite adaptar otro tipo de tecnología.

Cuando empezó a funcionar, tenía 7 000 cámaras instaladas en el país. Hoy son 5 633 y, de ellas, solo funcionan 3 606.

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2 027 no están operativas por daños o por viejas cuyo software instaló hace doce años la empresa china Ceiec y dio mantenimiento al sistema hasta 2018. Desde entonces, según la entidad, lo hacen sus propios técnicos.

Así ha garantizado la atención a 3 863 029 de emergencias en el pais entre 2024 y 2025. En el ECU 911, evaluadores y operadores tienen conciencia de la desventaja tecnológica en la que trabajan.

"El sistema no presta las facilidades que uno necesita. El audio no es de muy buena calidad, uno tiene que repetir varias veces lo que las personas dicen para escuchar. En el tema de la geolocalización, nosotros mantenemos un sistema desde hace 13 años, sin ninguna actualización", comentó un evaluador del ECU 911.

Él dice que las medidas paleativas que se hacen al sistema no suplen los daños que son severos. "Hay que partes que se ven sin imagen, partes que se ven huecas en la pantalla grande", agregó el técnico.

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La subdirección técnica del ECU 911 dijo a Televistazo que en los proximos días dará de baja a equipos de almacenamiento viejos. Es lo único que han podido hacer en estos años por falta de presupuesto que, desde 2014, ha venido mermando.

De USD 197 millones en ese año, a USD 63 millones el año pasado que solo alcanza para el gasto corriente.Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades tienen sus sistemas de videovigilancia y cooperan con el ECU 911 para atender emergencias.

La empresa pública Segura EP tiene 34 mil cámaras, casi diez veces mas que las del ECU 911 y Quito tiene 485 cámaras. Su operatividad y renovación se cubren con las tasas de seguridad que cobran los municipios a los ciudadanos.