Diana Salazar: "Cierto grupo de asambleístas quiere reformar el COIP para buscar la impunidad"

La fiscal Diana Salazar califica en una entrevista con EFE de "populismo penal" y "nueva metida de mano en la Justicia" una serie de reformas del COIP que se tramitan en la Asamblea Nacional y que en el caso de la revisión de penas podrían beneficiar al expresidente Rafael Correa.

Salazar, quien llevó la acusación que derivó en la inhabilitación y condena a ocho años de prisión por cohecho de Correa, reitera su rechazo a varias modificaciones del Código Penal.

Estos cambios -que suponen que la Fiscalía debe compartir información de investigaciones reservadas- forman parte de una reforma del Código Penal para reforzar la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, la reforma actualmente está entrampada por esta polémica, ya que varios partidos consideran que supone abrir una puerta a la impunidad.

"Es una nueva metida de mano en la Justicia. Esa es la única forma de definir este intento de 'reformas' ingresadas a última hora por una bancada en la Asamblea", comenta Salazar, a la que el correísmo critica y ha buscado destituir bajo la acusación de haber plagiado una tesis, algo que tanto la fiscal como las autoridades universitarias rechazan y califican de infundio.

"Lo que Ecuador ha visto es que cierto grupo de asambleístas quiere reformar el Código Penal a su conveniencia para buscar la impunidad de algunos de sus coidearios a los cuales hemos procesado y que han sido sentenciados en derecho, que no pudieron defenderse en los tribunales debido a la cantidad de pruebas que presentamos", añadió.

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Para Salazar, es una cuestión de "cumplir la ley, no de cambiarla", pues estas reformas "desnaturalizarían por completo el sistema de justicia, porque se debe entender que la reserva en las investigaciones tiene un motivo: permitir un trabajo independiente y que no se filtre la información", agrega.

"Si con todas las previsiones y las reservas de ley hay quienes logran enterarse algo y lo publican enseguida en redes sociales cual campaneros, imagínese –y el Ecuador lo sabe– si les damos toda la información. La reserva de ley tiene un porqué, aquí y en cualquier sistema democrático y judicial del mundo", asevera.

Salazar considera inconstitucional que se quiera establecer una imprescriptibilidad de delitos e incluir una causal para revisar penas con base en resoluciones del Comité de Derechos de la ONU sobre presuntas vulneraciones durante el proceso judicial.

"Creo que se trata de algo así como 'populismo penal', porque ya en la Constitución se establece qué delitos pueden ser catalogados como imprescriptibles, pero no sirve de mucho si hay imprescriptibilidad y no juzgamiento en ausencia, porque lo único que va a permitir eso es tener prófugos de por vida y no sentenciados", afirma.

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La fiscal general reconoce que el actual Código Penal del país "es mejorable", pero "más allá de la legislación o de las reformas que se puedan plantear, es necesario -dice- entender que el problema principal es la forma en que se está administrando justicia".

"¿De qué nos sirve tener –si lo tuviéramos– el mejor Código Penal del mundo si los criminales logran permear el sistema judicial o si tenemos operadores de justicia que, por ejemplo, a través del abuso de recursos o de garantías benefician a los procesados? De nada sirve", asevera.

"Y esto no solo se aplica a los grupos de delincuencia organizada, sino a todo nivel de criminalidad. Por ejemplo -agrega-, hemos visto cómo han abusado de estos recursos –con un mismo juez– tanto un exvicepresidente como otro sentenciado por delitos cometidos en el contexto de la pandemia. Y hay muchos de estos casos", agregó.

Se refirió así al exvicepresidente Jorge Glas, que tiene dos sentencias en firme por corrupción y, tras cinco años en cárcel, logró salir en libertad con resoluciones judiciales que causaron gran polémica, mientras que actualmente está procesado por un nuevo caso y ha solicitado asilo a México.

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Sobre permitir las extradiciones de ciudadanos ecuatorianos, una de las cuestiones que se votará en el referéndum convocado por el Gobierno para el próximo 21 de abril, Salazar apuntó que puede ayudar a combatir el crimen organizado, pero no lo va a resolver por sí solo.

"Es un mecanismo que bien utilizado podría servir para debilitar las estructuras criminales y de alguna forma darle fuerza al mensaje que como Estado se envía a los delincuentes", indicó la fiscal general.

"(Pero) es eso, un mecanismo, no la solución a todo lo que ocurre", remarca Salazar, para quien "las soluciones deben ser más profundas".

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