La Defensoría del Pueblo denuncia un incremento de muertes en las cárceles del país

La Defensoría del Pueblo se pronunció el 29 de mayo "ante las reiteradas alertas y denuncias de tortura y malos tratos en los centros de privación de libertad (CPL)". En un pronunciamiento, exhortó al Estado a "ejecutar acciones urgentes" para garantizar y proteger los derechos de los presos.

Según información recabada por la institución a personas privadas de libertad (PPL), sus familiares, medios de comunicación y sociedad civil, existe un incremento en el número de fallecidos en las cárceles del país.

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Entre el 9 de febrero y el 7 de marzo del 2024, se registraron 24 fallecimientos en diversos centros, por muertes naturales y violentas, con indicios de presunta tortura. Además, señaló que existen alertas del deceso de presos con signos de desnutrición.

La Defensoría del Pueblo explicó que, ante alerta de la falta de provisión de alimentos, realiza el monitoreo permanente de la situación, en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Sucumbíos y Napo. En ellas, desde el 1 de mayo de 2024 se suspendió el servicio de alimentación.

También hace referencia a información publicada por Ecuavisa, en la que se anuncia la posible suspensión en los próximos días del servicio de alimentación en la provincia del Guayas, debido a la falta de pago al proveedor.

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La institución sostuvo además que las autoridades tenían conocimiento sobre el posible riesgo de incidentes en los centros por problemas en la alimentación. Por todo ello, exhorta al Estado "a cumplir de manera urgente, diligente y permanente con acciones que indiscutiblemente deben observar un enfoque de derechos humanos, que garanticen la vida y la integridad de las PPL".

También pide a la Fiscalía que comience las investigaciones pertinentes, y al Ministerio de Economía y Finanzas que provea los recursos necesarios para garantizar el servicio de alimentación.

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El Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) no ha dado respuestas claras sobre la situación a esta problemática. Por ello, la Defensoría del Pueblo también le exhorta a que garantice la política de rehabilitación y reinserción social; y a coordinar las acciones que permitan restablecer la comunicación de los reos con sus familiares.