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Sectores productivos están de acuerdo con la medida, otros gremios temen, por ejemplo, que se incremente la violencia contra la mujer.
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El decreto establece como requisito un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa.( )
El Decreto Ejecutivo 707, que autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal bajo estrictos requisitos, ha desatado una polémica en Ecuador, donde se suman las voces a favor y en contra de la disposición.
El documento especifica entre los requisitos el haber cumplido al menos 25 años de edad, tener un certificado de la prueba psicológica y otro de haber superado el examen toxicológico, que determine que la persona no ingiere sustancias sujetas a fiscalización o no es alcohólica, ambos emitidos por Ministerio de Salud Pública (MSP).
De igual manera, un certificado de destreza en el manejo y uso del arma emitido por el Ministerio de Defensa.
Asimismo, no tener sentencia condenatoria ejecutoriada por la comisión de un delito, no registrar antecedentes de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. El decreto apunta también como requisitos "los demás que establezca el Ministerio de Defensa y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CC.FF.AA.) para el efecto".
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Reacciones
Pero la decisión del Gobierno Nacional, que así busca reforzar a la ciudadanía para combatir el crimen organizado, genera posturas a favor y en contra.
Desde la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo del Ecuador (Fenacaptur) y la Cámara Nacional de Acuacultura, por ejemplo, están de acuerdo. El titular de la segunda asociación, José Antonio Camposano, dice que las camaroneras han resultado gravemente afectadas por la delincuencia.
Siempre hemos estado a favor de un porte controlado (de armas). Cuando estamos hablando del sector camaronero, nos referimos a operaciones en zonas rurales donde no existe la presencia de la fuerza pública.
En el ámbito político, la organización PSC, opositora al Gobierno de Guillermo Lasso, también se ha pronunciado a favor de la resolución. En un comunicado, el partido indicó que llevaba "dos años pidiendo que se haga, ya que dependía exclusivamente del Ejecutivo".
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En contraparte, la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, que está conformado por 21 organizaciones, pide que se derogue el decreto pues se incrementarían los delitos contra las mujeres.
Asimismo, una decena de universidades han expresado su rechazo a la medida.
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