Noboa ordena al INEC auditar datos de muertes violentas entre 2008 y 2023

El presidente de la República, Daniel Noboa, ordenó este viernes 6 de septiembre al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) que realice una auditoría a los datos de homicidios, muertes violentas de intención no determinada, tasas de tráfico de menores y desaparición de personas entre 2008 y 2023. La disposición del jefe de Estado ocurre luego de que un investigador reveló un presunto subregistro de más de 7 000 homicidios en un década.

"Solicitaremos a la Fiscalía General del Estado (FGE) que inicie la investigación que corresponda ante la posibilidad de falsificación de documentos públicos", señaló el mandatario en un comunicado difundido en redes sociales.

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Asimismo, Noboa indicó que solicitará a la FGE que abra una investigación en contra del pediatra Pablo Aníbal Izquierdo, quien fue asesor en temas de salud de la Presidencia de la República entre 2011 y 2013, durante la Administración de Rafael Correa.

El régimen de Noboa sospecha que durante la gestión de Izquierdo hubo "posibles irregularidades en políticas de salud pública y manejo de datos".

El médico actualmente está preso. Fue detenido en Quito en julio pasado por un caso de pornografía infantil.

Noboa señala que la auditoría y las solicitudes ante la FGE tienen como objetivo buscar justicia. "No es una cuestión política", aseveró el presidente.

El investigador Arduino Tomasi analizó las cifras oficiales del INEC sobre muertas violentas entre el 2008 y el 2018, y concluyó que 7 739 fallecimientos fueron catalogados como muertes violentas de intensión no determinadas.

Las muertes violentas se categorizan así cuando no existen datos que permitan determinar si se trató de un homicidio, un accidente o suicidio. El análisis de Tomasi concluye que, después de la salida de la Base de Manta, los registros muestran un comportamiento irregular.

Asimismo, el investigador afirma que la trata de menores creció en un 69 % y se ubicó por encima del promedio latinoamericano, y que la desaparición de personas también aumentó.

Ecuador se volvió el primer país de Latinoamérica en homicidios per capita, con una tasa de 47,2 por cada 100 000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico, aunque también están incursionando en la minería ilegal.

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Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de conflicto armado interno, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones.

Estas acciones tampoco han sido suficientes para frenar la violencia, puesto que las masacres, secuestros y extorsiones no cesan, no obstante, el Gobierno de Noboa asegura que las cifras de delitos se han reducido. Por ejemplo, señala que las muertes violentas a nivel nacional han descendido un 17 % en 2024 respecto al año anterior.