Cuatro personas llamadas a juicio por presunta estafa para tráfico de migrantes

Los ciudadanos Gladys Irene Ch., Ignacio Benjamín V., Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M. fueron llamados a juicio por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada con fines de estafa y tráfico ilícito de migrantes, en concurso ideal de infracciones.

A las personas jurídicas American Resident y AR Agencia de Reubicaciones, el juez Alfredo Serrano las llamó a juicio, solo por el delito de tráfico ilícito de migrantes, informó hoy, jueves 6 de abril de 2023, la Fiscalía General del Estado.

Ratificó la orden de prisión preventiva para Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. Además, ordenó la inmovilización de sus fondos y bienes, por 1,2 millones de dólares. Para Daniel Alfonso M. le dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país, así como la retención de fondos por 32.000 dólares.

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La investigación de Fiscalía descubrió una estructura delincuencial organizada, que operó en Cuenca, entre diciembre de 2019 hasta mediados de 2022, presuntamente bajo la dirección y planificación de Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V., y la colaboración de Concepción Magdalena U. y Daniel Alfonso M.

Mediante redes sociales se captaba a las víctimas, a quienes se les ofrecía la visa de trabajo para viajar a Estados Unidos. Las citas con los interesados se concretaban en Cuenca, en las oficinas de American Resident, donde –previo a firmar un contrato por los servicios ofertados– se les explicaba los costos: entre 12.000 y 20.000 dólares si la víctima quería ganar entre 12 y 50 dólares la hora.

Los perjudicados debían realizar un pago inicial de hasta el 50%. Luego, les obligaban a realizar cursos de capacitación en el área en que supuestamente iban a laborar, como: filetear pescado, cosmetología, inglés y albañilería, entre otros, para lo cual debían pagar alrededor de 2.000 dólares adicionales.

Además, solicitaban a las víctimas realizarse exámenes médicos, para acreditar un buen estado de salud, entre otros requisitos, con el propósito de aparentar que los trámites eran legales.

Tras la insistencia de las víctimas, para que se agilicen los trámites, Gladys Irene Ch. pedía que acudan a las oficinas para firmar contratos de trabajo con supuestas empresas. En esta fase de la negociación, los perjudicados entregaban otro porcentaje de dinero.

La investigación determinó que los contratos eran falsos y que Gladys Irene Ch. e Ignacio Benjamín V. no tenían contactos con empresas en Estados Unidos.

Finalmente, las víctimas acudían a la cita en el Consulado de Estados Unidos en Quito, sin disponer de los formularios básicos y con documentación que contenía información alterada, por lo que las visas eran negadas.

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Los valores de dinero eran entregados en efectivo y mediante transferencias realizadas a las cuentas de los procesados y de las empresas jurídicas, que fueron creadas con el propósito de recolectar el dinero y de captar a las víctimas.

En audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el fiscal Severo Ríos sustentó la acusación con una pericia realizada a los 273 contratos firmados entre las víctimas y American Resident, mediante la cual se estableció que ninguno fue cumplido; una pericia contable, que demuestra la existencia de depósitos y transferencias realizados por las víctimas a las cuentas de Ignacio Benjamín V. y de las personas jurídicas por 1.209.943 dólares y a la cuenta de Concepción Magdalena U., por 26.100 dólares.

A esto se sumaron versiones de más de veinte perjudicados y extrabajadores de American Resident, 279 carpetas que contienen documentación de las víctimas, actas de allanamientos, informes investigativos de la Policía, documentación de la Asistencia de Investigaciones de la Embajada de Estados Unidos e informes ejecutivos de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

En la Fiscalía Provincial del Azuay existen treinta y ocho casos de estafa en los que es investigada Gladys Irene Ch., de los cuales treinta y tres se encuentran en investigación previa, cuatro en etapa de instrucción fiscal y uno en etapa preparatoria de juicio.

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