Crisis carcelaria en Ecuador: Fundación denuncia "violencia sistémica descontrolada" por parte del Estado

La Fundación Iniciativas para la Reinserción (IR) denunció este martes, 26 de abril, la existencia de una "violencia sistémica descontrolada" en las cárceles de Ecuador, donde, desde 2021, han fallecido más de 300 presos en riñas entre bandas rivales que se disputan el control interno de las prisiones.

Según las cifras de IR, en 2021 fallecieron 309 presos por violencia intracarcelaria y este año perecieron otras 20 en enfrentamientos que las autoridades atribuyen a disputas entre bandas rivales.

La Fundación anotó que el Servicio Nacional de Atención a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) señala como causas de la crisis carcelaria a un hacinamiento del 24 % a nivel nacional.

Las bandas en las cárceles de Ecuador: ¿cuáles son? y ¿cómo operan?

Asimismo, al actual marco jurídico es "responsable de 5.000 trámites de beneficios penitenciarios pendientes y de más de 14.000 personas sin sentencia", recoge IR en un informe que ha enviado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco del examen que se hará al Estado ecuatoriano.

Entre otros factores, el informe menciona también la falta de personal administrativo y de seguridad penitenciaria.

SNAI abre convocatoria para 1.400 agentes de seguridad penitenciaria

Para la Fundación, aunque el Estado es signatario de varios instrumentos internacionales de respeto a los derechos humanos, "lo que salta a la vista es la contradicción entre derechos y garantías constitucionales, las políticas públicas, y la realidad penitenciaria actual, de dominio y consternación públicos".

"Hay una violencia sistémica descontrolada; el Estado ecuatoriano no tiene capacidad de gestión de las cárceles", puntualizó.

Y apuntó que en febrero pasado, el Ejecutivo aprobó una Política Pública de Rehabilitación Social y decretó una conmutación de penas privativas de libertad, "pero para abril de 2022 no existía un pronunciamiento oficial ni responsabilidades y sanciones por las masacres" ocurridas en las cárceles.

En una rueda de prensa, en la que varios colectivos presentaron informes sobre derechos humanos, Ramiro Ávila, de IR, denunció que el sistema penitenciario refleja "de manera clara y profunda los problemas que se están teniendo en la democracia ecuatoriana".

Ello -dijo- porque "tras del sistema penitenciario hay corrupción, hay funciones del Estado que no están cumpliendo sus mandatos constitucionales. Hay una violencia desmesurada, hay masacres, y atrás de esto hay una profunda exclusión social y marginación".

Además, añadió, "hay impunidad" pues no se sabe quiénes son los responsables de las más de 300 muertes, así como tampoco quienes permitieron el ingreso de armas a las cárceles.

Ávila denunció, además, tratos inhumanos y vulneraciones a los derechos de los detenidos, y omisiones en los servicios de salud.

"El problema es estructural" en el que tienen responsabilidad todas las funciones del Estado, aseguró Ávila al considerar urgente que el Estado abandone "el enfoque securitista que hace pensar a la ciudadanía que las cárceles están llenas de sicarios y narcotraficantes".

Políticos y líderes de bandas viven con privilegios en las cárceles de Ecuador

"En el fondo, la cárcel están llenas de gente absolutamente marginal, excluida y tremendamente pobre y sin recursos", apuntó antes de solicitar al Estado que se transparente lo que ocurre en las prisiones y se sancione a quienes, por acción y omisión, permiten "esta situación patética de las cárceles".

El catálogo de recomendaciones de la IR para afrontar la situación, incluye, entre otros, la aplicación de medidas alternativas a la privación de libertad, reducción de población carcelaria y reinserción social con participación del sector privado.

Las conclusiones son similares al informe emitido recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que exhortó al Estado a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y desarrollar una política de prevención del delito que no priorice el encarcelamiento.